NOTA DEL BLOG: EN TAMAULIPAS COMO EN GUERRERO LA SABIA CALLE NUNCA SE EQUIVOCÓ ...SIEMPRE SE SUPO QUE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES TRABAJAN PARA O EN CONTUBERNIO CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
EN EL CASO TAMAULIPAS YO PERSONALMENTE SE QUE EGIDIO TORRE GOBERNADOR DE TAMAULIPAS ESTABA ENTERADO DE LA SITUACION ...PERO PENSÉ QUE IBA A ACTUAR COMO HOMBRE Y QUE IBA A PONER AL DESCUBIERTO LA CLOACA QUE HABIA EN EL ESTADO
.....NADA MAS ALEJADO DE LA VERDAD...PUES EL SACROSANTO SEÑOR ERA PARTE DE ENGRANAJE DELINCUENCIAL DEL ESTADO ...DE HECHO SUPIERON OCULTAR EL NOMBRE DE ROMAN RICARDO PALOMO a.k el COYOTE NEFASTO PERSONAJE QUE JUNTO CON Salvador Alfonso Martínez Escobedo alias LA ARDILLA FUERON LOS AUTORES INTELECTUALES Y JEFES DEL "KILO" ZETA DETENIDO EN LA EPOCA DE LA MASACRE
Desde que nos dimos cuenta del contubernio con los Zetas empezamos a denunciar la proteccion de gobtam hacia roman ricardo palomo (quien se dice es pariente del exesposo de una lideresa del SUTSPET de TAM.)
Gracias a las denuncias de muchos tuiteros logramos hacer que el nombre del COYOTE saliera a la luz...esos 2 tipos estuvieron directamente involucrados en secuestros de hijos de funcionarios federales en cd victoria .Quienes fueron denunciados ante EL PODER JUDICIAL (estaba Alejandro Etienne Llano hoy pte municipal de Cd victoria) y en lugar de detenerlo LO PROTEGIERON obviamente con el contubernio del PODER EJECUTIVO DEMAS NARCOPOLITICOS
P.D. DESPUES DE SABER Y COMPROBAR LO ANTERIOR DEJE DE APOYAR A EGIDIO TORRE Y A LA SSP TAM
San Fernando-Ayotzinapa: las similitudes
FUENTE: PROCESO
22 de diciembre de 2014
El traslado de los cuerpos hallados en San Fernando hace tres años.
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
La nota informativa desclasificada, cuya copia obtuvo
Proceso, contiene las declaraciones de nueve presuntos integrantes de
ese grupo –los primeros en ser capturados– ante la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Uno de ellos, Álvaro Alba Terrazas, El Junior, expuso:
Sé que los policías y tránsitos (sic) de San Fernando
ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando
detienen a la gente (sic) se la lleven al pentágono, es decir a la
cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas. El mero bueno es un
policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben
dinero de la organización para colaborar.
Y aunque la PGR reservó la información por 12 años, la
organización estadunidense National Security Archive (NSA, Archivo
Nacional de Seguridad, basada en la Universidad George Washington), que
ha dado seguimiento sistemático a violaciones de derechos humanos en
México, se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI). Tras evaluar el caso, el
instituto ordenó a la procuraduría hacer públicos los documentos.
El miércoles 10 la dependencia entregó una tarjeta
informativa elaborada en la entonces SIEDO (hoy llamada SEIDO) que
carece de fecha. Contiene un resumen de las primeras declaraciones de
los detenidos. Algunos fragmentos están tachados, sobre todo los números
de averiguaciones previas y las identificaciones de las agencias de los
ministerios públicos en las que recayó la investigación de las fosas
con 196 cadáveres cuyos hallazgos derivaron en las detenciones.
En uno de los extractos, siete de los detenidos admiten la
participación de elementos de la Policía Municipal de San Fernando que
iba “desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y
omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros
de Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esa
organización criminal”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)
ESTE ES EL RESTO DEL DOCUMENTO
Para Jesse Franzblau, investigador del capítulo México del NSA, la
liberación de un documento del expediente PGR en San Fernando “sienta un
precedente interesante con respecto a la desclasificación de
información sobre derechos humanos en México, en particular la
aplicación de esa pieza de la ley”.
Al revisarlo, su colega Michael Evans manifestó su paralelismo con el
caso de Ayotzinapa: “Si todo esto suena inquietantemente familiar
–dice– es porque lo hemos visto todo antes. Asesinatos como éstos son
preocupantemente comunes en México, y las fuerzas detrás del caos
–generalmente cárteles de la droga contando con la colaboración de, como
mínimo, la policía local– han sido notablemente consistentes en el
tiempo”.
Imposturas
Michael Evans manifestó su inquietud porque, al referirse al caso de
Ayotzinapa, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade,
alude siempre la palabra “transparencia”, la cual nunca ha sido real en
casos similares de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos
en la última década en México, como las masacres de migrantes –incluidas
la de los 72, ocurrida en San Fernando en agosto de 2010, las fosas con
196 cadáveres en ese mismo municipio localizadas en 2011 y la de otros
49 en Cadereyta, Nuevo León, en 2012.
“Citando preocupaciones sobre la seguridad de la investigación en
curso, la PGR siempre se ha negado a dar cualquier información a partir
de tres masacres horripilantes en 2010, 2011 y 2012, alegando la
protección en virtud de una exención de la Ley de Transparencia de
México, y ha luchado todo el camino hasta llegar a la Corte Suprema para
proteger esos archivos”, expresó Evans.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
–representante de algunas de las víctimas– y la organización de defensa a
la libre expresión Artículo 19 interpusieron demandas ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación contra la negativa de la PGR de hacer
públicas las averiguaciones previas sobre las matanzas de San Fernando.
La tarjeta informativa incluye los nombres de los policías
municipales detenidos: Óscar Jaramillo Sosa, Álvaro Alba Terrazas,
Lázaro Flores Peña, Martín García Badillo, Eleodoro Sánchez Robles,
Rogelio de la Portilla Heredia, María Guadalupe Galván Hernández,
Remigio Carrillo Mireles, Guadalupe Hernández Ibarra, Manuel Ávila Lugo,
Elpidio Reyes Sáenz, José Luis Aguilar Vélez, Julio Guadalupe Jaramillo
Vela, Mario Alberto Romero Hernández, Santos Maldonado Reyes, Gilberto
Rivera Hernández, Jesús Ramos López y Joel Reséndiz Moreno. Ninguno
aceptó su culpabilidad.
A Franzblau y Evans les llama la atención un par de inconsistencias:
que si bien Alba Terrazas y Jaramillo Sosa aparecen en el documento como
policías municipales, en las notas de prensa se les presenta como
zetas; y que aun cuando los medios mencionaron a 16 detenidos, el
reporte establece que fueron 17.
“Esta versión también deja muchas preguntas sin respuesta: ¿Qué pasó
con los funcionarios de la policía?,
¿dónde están ahora?, ¿por qué la
PGR no encontró todos los documentos más sensibles? y ¿cómo se explica
el hecho de que dos de los 17 detenidos posteriormente figuran en los
informes de los medios de comunicación como miembros de Los Zetas?”,
indicó Evans
Los hechos
La NSA es una institución independiente no gubernamental de
investigación ubicada en Washington, DC, que recopila y publica
documentos desclasificados obtenidos a través de leyes de transparencia
de Estados Unidos y México; centra su atención en asuntos migratorios y
violaciones a los derechos humanos.
En noviembre este semanario publicó, con base en informes obtenidos
por la NSA, documentos que revelan la colusión de funcionarios
municipales, estatales y federales mexicanos con los criminales (la
sospecha incluye a los exgobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos
Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores); la
presencia de kaibiles en la zona, y la petición de ayuda a Washington
por parte de la cancillería mexicana para salvar la popularidad de
Felipe Calderón, desplomada por aplicar una estrategia de combate contra
las drogas (cofinanciada por Estados Unidos) que los mexicanos y los
propios funcionarios estadunidenses consideraban como generadora de
violencia (Proceso 1931).
Evans, quien dirige el capítulo México del NSA, considera que el
material desclasificado en ambos países pone de manifiesto que las
policías municipales de Tamaulipas y Nuevo León estaban bajo las órdenes
de Los Zetas. Fue tan difundido el fenómeno, que la gente los llamaba
“Los Polizetas”.
“Los documentos (gubernamentales) desclasificados y los de Wikileaks
de Estados Unidos, incluyendo los cables del gobierno americano y de su
consulado en Monterrey, proporcionan una mirada intrigante de cómo Los
Zetas establecieron el control sobre la policía de Nuevo León y sobre
muchos otros funcionarios, y cómo esos policías corruptos eran a menudo
los objetivos de los cárteles rivales”, según el experto.
Los documentos obtenidos por Evans y Franzblau que comparten con
Proceso, dejan en evidencia que en 2005 el FBI dijo que Los Zetas eran
una “amenaza emergente para Estados Unidos”. En junio de ese año, según
el reporte del buró federal de investigación, ese grupo criminal
controlaba efectivamente la fuerza policial de Reynosa.
Con base en los cables emitidos por el consulado estadunidense en
Monterrey –“un asiento de primera fila para ver la forma en que Los
Zetas establecieron su control”–, en 2010 Nuevo Laredo, pero sobre todo
la capital regiomontana, eran denominados “territorios zeta”, según un
cable publicado por Wikileaks.
La ciudad nuevoleonesa era un “refugio seguro, fuente de ingresos
(principalmente de la extorsión) y centro de abastecimiento para ese
grupo criminal. La información conecta a sus integrantes con las
corporaciones municipales, estatales y con funcionarios, incluido Héctor
Santos Sauceda, entonces director general de Investigación de Nuevo
León, quien actualmente es funcionario en Coahuila.
En marzo de 2010, el consulado destacó que el gobernador de Nuevo
León, Rodrigo Medina de la Cruz, suspendió a 81 elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública Estatal por sus presuntos vínculos con
Los Zetas TCO (Transnational Criminal Organization, Organización
Criminal Trasnacional), quienes además tenían cooptados a otros
funcionarios y controlaban la carretera que rodeaba la capital del
estado.
En otro documento, la Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada de
Estados Unidos criticó a las autoridades mexicanas porque no
controlaban a las organizaciones de narcotraficantes que “han funcionado
bastante abiertamente y con libertad de movimientos y operaciones… En
muchos casos –decía– operan con impunidad casi total en la cara de las
fuerzas de seguridad locales”.
Otro de los cables manifiesta que al consulado le preocupaban los
altos niveles de corrupción oficial en Monterrey, donde 165 de los
aproximadamente mil policías estatales han sido despedidos en los
últimos meses por presuntos vínculos con el narco.
El consulado citó varios casos en los que la policía de Monterrey y otros municipios participaron en secuestros y asesinatos.
Los investigadores de la NSA también anexaron a la información
desclasificada sobre San Fernando cables de mayo de 2011 en los que el
consulado menciona que el Ejército mexicano incautó armas a policías en
43 municipios de Tamaulipas.
En uno se lee que aunque hasta ese momento el gobierno mexicano no
había hecho comentarios sobre ese asunto. Los informes iniciales esa
acción se efectuó para determinar si las armas se habían utilizado en
los crímenes de indocumentados y si tenían relación con los 196 cuerpos
descubiertos en fosas comunes de San Fernando.
Otro, fechado el 16 de mayo y emitido por la Sección de Asuntos
Narcóticos, menciona el descubrimiento de los hasta entonces 183 cuerpos
en fosas comunes en San Fernando y la detención de 17 de los 25
policías municipales, entre ellos su jefe, en relación con esos hechos.
Una más, el del 13 de junio de ese mismo año, emitido por la misma
sección, alude al despido de siete altos funcionarios del Instituto
Nacional de Migración “en medio de acusaciones de que algunos agentes
habían participado en el secuestro de migrantes”, quienes fueron
acusados por centroamericanos de bajarlos de autobuses y entregarlos a
las bandas de narcotraficantes en Tamaulipas.
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