NOTA DEL BLOG:
SOLO SE ME OCURRE DECIR Y OJALÁ SEA UNA ESTUPIDEZ MÍA .....MEXICO PON TUS BARBAS A REMOJAR
EN MEXICO HAY UN ASESOR COLOMBIANO, EX GRAL Y EX JEFE DE LA POLICIA NACIONAL COLOMBIANA
FUENTE ASOCIATED PRESS
SOLO SE ME OCURRE DECIR Y OJALÁ SEA UNA ESTUPIDEZ MÍA .....MEXICO PON TUS BARBAS A REMOJAR
EN MEXICO HAY UN ASESOR COLOMBIANO, EX GRAL Y EX JEFE DE LA POLICIA NACIONAL COLOMBIANA
FUENTE ASOCIATED PRESS
Temen impunidad tras aprobación de fuero militar
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BOGOTA, Colombia (AP) -- Las matanzas fueron algo aterrador,
incluso para un país curtido y acostumbrado a las atrocidades de más de
medio siglo de conflicto armado interno.
Soldados
asesinaron a cientos de civiles inocentes que hacían pasar por
guerrilleros para dar la sensación de que su lucha daba resultados,
según investigadores de las Naciones Unidas. Generalmente las víctimas
eran personas humildes, incluso discapacitadas, a las que atraían con
inexistentes promesas de trabajo. Las vestían con uniformes de fatiga y
las reportaban como guerrilleros muertos en combate.
Cinco
años después de que estalló el escándalo, sólo uno de cada seis
militares acusados por esos homicidios ha sido condenado o se ha
declarado culpable, y apenas un puñado son militares de alto rango, de
mayor para arriba. En total, las autoridades investigan unos 3.900 casos
de asesinatos extrajudiciales.
Activistas de
derechos humanos temen que una reforma a la justicia penal militar,
impulsada por el presidente Juan Manuel Santos y aprobada en junio por
el Congreso, haga que sea aún más difícil castigar a los culpables,
especialmente a los militares de alto rango. La reforma, cuya legalidad
está siendo examinada por la Corte Constitucional, amplía la competencia
de los tribunales militares y restringió la definición de ejecución
extrajudicial.
Santos dice que la reforma es
necesaria para garantizar que los miembros de las fuerzas armadas no
tengan nada que temer si se firma la paz con la principal guerrilla del
país: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Los
activistas de derechos humanos creen, sin embargo, que la nueva ley va a
entorpecer el juzgamiento de crímenes de guerra, tanto pasados como
futuros, perpetrados por militares o policías y afectar la posibilidad
de que se firme un acuerdo de paz con las FARC, con las que el gobierno
negocia en Cuba desde el año pasado.
"En
tiempos que se busca la paz, de manera absurda, entrega patente de corso
a quienes han ejecutado terribles crímenes de lesa humanidad en
desarrollo de políticas de Estado, que deben cesar, juzgarse y repararse
sin más demoras", dijeron las FARC.
"¿Por qué
el gobierno Santos, si está en un proceso de paz, presenta una
legislación que refuerza la impunidad y que es más para la guerra que
para la paz?", se preguntó el legislador izquierdista Iván Cepeda. "Esto
es incoherente y dificulta las cosas".
El
Congreso estadounidense también está preocupado por el tema de la
impunidad de los mal llamados "falsos positivos", como se denomina a
estos casos. En la jerga militar, un "positivo" es un combatiente
enemigo que ha sido dado de baja o neutralizado. El grueso de las
matanzas se produjo entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro
Uribe (2002-2010).
En octubre de 2008, Uribe y
su entonces ministro de Defensa, el hoy presidente Santos, destituyeron
a 27 militares, tres generales entre ellos por su acción u omisión en
las ejecuciones extrajudiciales.
Los investigadores de la ONU dijeron que las matanzas fueron "generalizadas y sistemáticas".
Washington
entregó más de 2.000 millones de dólares en ayuda y asistencia a los
militares colombianos cuando se produjeron las matanzas. Actualmente, el
gobierno estadounidense tiene retenida una partida de 10 millones de
dólares en ayuda por las objeciones que tiene sobre la nueva ley, dijo
Tim Rieser, asistente del senador Patrick Leahy, que preside la comisión
judicial del Senado.
Una ley de 1997, que
lleva el nombre de ese senador, Leahy, prohíbe a Estados Unidos
financiar unidades militares cuyos miembros enfrenten acusaciones
verosímiles de abusos a los derechos humanos. Al amparo de esa ley, la
ayuda a algunas unidades militares colombianas fue rechazada. El
Departamento de Estado, en respuesta a una pregunta de The Associated
Press, dijo que las investigaciones que se hacen a estas unidades, antes
de entregar el dinero, son "rigurosas".
El
pacifista John Lindsay-Poland, de la organización estadounidense
Fellowship of Reconciliation dice que está preparando un banco de datos
con las ejecuciones judiciales colombianas y que la supervisión era
descuidada cuando la organización produjo un reporte en 2010.
José
Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización de
derechos humanos Human Rights Watch, conceptuó que la reforma alentará
la impunidad y constituye "un gran retroceso para los derechos humanos".
Según
la nueva ley, los tribunales militares tienen competencia para conocer
de todas las violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas
por miembros de las fuerzas armadas, excepto siete infracciones que
incluyen las ejecuciones extrajudiciales, como delitos de lesa
humanidad, genocidio, desaparición forzada, violencia sexual, tortura y
desplazamiento forzado.
La ley también
restringe la definición de ejecución extrajudicial lo que, según
activistas, significa que va a haber más probabilidades de que esos
crímenes terminen en los despachos de los jueces militares y no en manos
de los jueces civiles.
También califica la
definición de estos homicidios a la circunstancia de que, entre otras,
la víctima tenga que estar "bajo el control de agentes del estado" o que
"no trató de escapar".
Debido a que en
Colombia las ejecuciones extrajudiciales como tal no están tipificadas
previamente como delito, los activistas también temen que los casos de
falsos positivos, ocurridos antes de la promulgación de la ley, se
transfieran automáticamente a la justicia militar.
Santos
ha prometido que todos los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas
de seguridad serán castigados, así como insiste en que los criminales
de guerra de las FARC no podrán evadir la justicia.
"No
sé por qué creen que la justicia transicional tiene que ver con los
falsos positivos", dijo Santos en una entrevista reciente, quien fue
ministro de Defensa entre 2006 y 2009.
El presidente afirma que las matanzas no fueron sistemáticas, que es lo mismo que dicen numerosos militares activos y retirados.
"Es
totalmente falso que hubiera una política de estado" respecto de las
ejecuciones extrajudiciales, dijo telefónicamente a la AP el general
retirado Carlos Suárez. Como inspector general de las fuerzas armadas,
Suárez dirigió la investigación en 2008 cuando se destapó el escándalo
en los medios de comunicación.
Fiscales de la
Corte Penal Internacional se han mostrado escépticos con la nueva ley
sobre la reforma a la justicia penal militar.
En
un informe de noviembre de 2012 dijeron que "los procedimientos
(judiciales) existentes en términos generales no han logrado enfocarse
en las personas que podrían tener la mayor responsabilidad" por lo
sucedido y que los fiscales colombianos "perpetuaron la impunidad, más
que haberla reducido", al no publicar las circunstancias que rodearon a
las matanzas que fueron organizadas "al menos a nivel de ciertas
brigadas".
Varios ex soldados han confesado
estos hechos e implicado a sus superiores rompiendo así un código de
silencio que, según ellos, se hace cumplir mediante amenazas de
venganzas violentas.
Uno de ellos es el mayor
Julio César Parga, sentenciado en julio a 30 años de prisión por
asesinato luego de confesar haber ordenado o participado en la matanza
de 47 ciudadanos del común, no combatientes.
Parga
dijo que organizó los asesinatos como jefe de un batallón
antisecuestros de la onceava Brigada del Ejército en Montería, capital
del departamento noroccidental de Córdoba, a 500 kilómetros al
noroccidente de Bogotá.
En una entrevista en
la cárcel, Parga se negó a discutir en detalle los asesinatos o el
testimonio que dio contra su ex comandante. Dijo que teme ser blanco de
un asesinato a manos de sicarios.
Un capitán
en retiro que trabajó con Parga y que se declaró culpable de los mismos
crímenes, Antonio Rozo Valbuena, también implicó a altos oficiales,
según el abogado que representa a ambos militares, José Fernando Duarte.
"Ellos
no fueron los que inventaron los falsos positivos, sino (que) los
ejecutaron a nombre de otros", dijo Duarte, quien describió las matanzas
como "una política integral institucional" que en algunos casos
involucró a generales, a quienes no identificó.
De
los más de 600 militares condenados por asesinatos extrajudiciales, dos
tercios son soldados rasos. Hasta el 30 de junio había 114 oficiales
con rango superior a capitán que han sido implicados en procesos
penales. Doce de ellos, incluidos dos coroneles, fueron condenados o se
declararon culpables y fueron sentenciados a prisión.
"Se
coordinaba con los grandes (militares de alto rango), todo el mundo
sabía lo que estaba sucediendo", dijo el ex soldado raso Eulicer
Quintana, cuyo testimonio ayudó a condenar a seis de sus ex colegas de
su batallón en el homicidio de dos personas ocurrido en febrero de 2008.
El
mayor que comandaba la unidad en la que estaba el soldado Quintana, el
batallón de contraguerrilla 57, en la ciudad cafetera de Manizales, será
juzgado a partir del 16 de agosto por los asesinatos extrajudiciales.
Quintana será nuevamente testigo, lo mismo que un hombre que también iba
a ser asesinado pero que se salvó cuando el fusil de un soldado se
trabó y logró escapar.
Después de muertos, a
los cadáveres les colocaron trajes militares de fatiga y a su lado se
dejaron armas que fueron compradas en el mercado negro, según Quintana.
"Eso
se trabajaba a nivel compañía", dijo, añadiendo que en su batallón se
perpetraron 46 ejecuciones extrajudiciales, entre 2006 y 2008, bajo el
mando de dos comandantes distintos, el primero de los cuales fue
promovido, en parte, porque había logrado tantas "muertes en combate".
Quintana
dijo que 15 de los 60 miembros de la compañía "hacían el trabajo" y
luego se obtenía unas vacaciones como recompensa, usualmente de ocho
días por víctima.
Quintana, de 33 años, lleva
cinco años en un programa de protección de testigos, sin poder trabajar,
custodiado por guardias armados y soñando con que algún día él, su
esposa y sus hijos puedan salir del país.
"Hay muchos enemigos por ahí", dijo en una entrevista telefónica desde un sitio desconocido.
Josué
Giovanni Linares, el ex mayor que comandó su unidad y que será
enjuiciado la semana que viene, sugirió que dos de sus superiores sabían
de los falsos positivos por los que se lo acusa a él, según documentos
presentados en los tribunales de justicia colombianos.
Ambos
fueron ascendidos al grado de general hace poco: Emiro José Barrios,
comandante de la 8va Brigada en ese momento, y Jorge Enrique Navarrete,
subcomandante. Ninguno de los dos ha sido acusado formalmente. Ambos
niegan haber cometido irregularidad alguna y se negaron a ahondar en el
tema.
"No tengo absolutamente nada que ver con
eso", se limitó a decir Navarrete en una declaración a la AP. Pero
según el abogado de las víctimas, Jorge Molano, los dos oficiales
habrían firmado el documento mediante el cual se le pagó al "reclutador"
que consiguió a los civiles que fueron asesinados.
Human
Rights Watch objeta el hecho de que la reforma a la justicia militar
deje las investigaciones iniciales en manos de militares, y no de los
civiles, y que crea un nuevo organismo cívico-militar para decidir los
conflictos de competencias.
El tribunal civil
de ocho jueces que actualmente resuelve esas disputas alarmó a los
activistas de derechos humanos en junio cuando determinó que un coronel
acusado de cometer dos ejecuciones extrajudiciales en 2007 debía ser
juzgado por un tribunal militar, pese a que los soldados involucrados en
el mismo caso están ahora siendo juzgados por tribunales civiles.
El tribunal dijo que acató la nueva ley al emitir su dictamen.
El
secretario de Estado estadounidense, John Kerry, expresó preocupación
en torno a la reforma durante una visita en agosto y se le dieron
garantías de que la medida no generaría impunidad, según un alto
funcionario del Departamento de Estado que habló a condición de no ser
identificado porque no estaba autorizado a tocar el tema.
Quintana
no cree mucho en esas promesas. "En el momento en que llegue (los casos
a) parar (a) la justicia penal militar lo que se viene es sangre por
todo lado", dijo.
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A este despacho contribuyó el corresponsal de The Associated Press en Washington Deb Riechmann.
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