NOTA DEL BLOG: COLOMBIA SIEMPRE HA SIDO EL TERMOMETRO DE MEXICO LO QUE PASA EN COLOMBIA DESPUES PASA EN MEXICO ...Y COLOMBIA ACTUALMENTE SIGUE HUNDIDO EN LA VIOLENCIA -YA TIENE MAS DE 20 AÑOS ASÌ- Y MEXICO APENAS LLEVA 10 AÑOS
- RECUERDO QUE EN JULIO DEL 2012 EL NEFASTO ENRIQUE PEÑA NIETO LLEVÒ A MEXICO AL GENERAL COLOMBIANO OSCAR NARANJO PARA QUE LO ASESORARA EN CUESTIONES DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y NARCOTRAFICO-CRASO ERROR EL GRAL OSCAR NARANJO ERA OTRO DELINCUENTE MAS -QUE NO SOLO NO HABIA RESUELTO EL PROBLEMA DEL NARCO EN COLOMBIA- ...ERA HERMANO DE UN NARCOTRAFICANTE DETENIDO EN FLAGRANCIA EN ALEMANIA , LO UNICO QUE QUERÌAN CARLOS SALINAS Y PEÑA NIETO ERA AGILIZAR EL NARCOTRAFICO ENTRE MEXICO Y COLOMBIA
A LO QUE VOY ES QUE COLOMBIA ¡NUNCA RESOLVIÒ SU PROBLEMA DE VIOLENCIA, AHORA ESTAN PEOR QUE NUNCA! Y ES EL TRISTE PANORAMA QUE LE ESPERA A MI PAIS "MEXICO"
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COLOMBIA "SER MALO PAGA"
VE LA PORTADA DE ABAJO Y ES INCLUSIVE MENOS VIOLENTA QUE LAS DE LOS PERIODICOS DE MEXICO
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La oleada de inseguridad de los últimos días tiene en pánico a muchos colombianos. Qué tan grave es y qué tan responsable es la falta de justicia y de autoridad
La semana pasada, el país vivió una realidad que los colombianos creían superada. Atentados terroristas, una avioneta secuestrada, líderes de tierras asesinados, sangrientas vendettas de la mafia y una delincuencia común desbordada, cuya sevicia indignó al país cuando una mujer embarazada recibió tres tiros a quemarropa de unos criminales que trataban de robarle el carro. Hacía muchos años los colombianos no sentían tanta inseguridad, tanta falta de autoridad y tanta desprotección del Estado.
Pero quizás
lo más increíble es que la mayoría de los episodios violentos que
sacudieron al país en los últimos días tienen un denominador común:
delincuentes reincidentes capturados en el pasado por todo tipo de
delitos y, por distintas razones, dejados en libertad en los estrados
judiciales.
Esta oleada de inseguridad terminó amplificada en las
redes sociales por medio de cadenas en WhatsApp, comentarios apasionados
e indignados y hasta falsas noticias con las que muchos quisieron
pescar en río revuelto (ver recuadro). ¿Qué pasó? ¿Qué tan inseguro está
el país? ¿Acaso regresó Colombia a épocas superadas o hay un pánico
exagerado frente a episodios mediáticos, pero que no reflejan la
situación real de seguridad?
Curiosamente,
en cuanto a los delitos más duros, es decir asesinato, secuestro, y
extorsión, las cifras han mejorado. El primero ha caído a 24 por cada
100.000 habitantes, uno de los más bajos en 30 años. El secuestro y la
extorsión han bajado cerca del 10 por ciento según datos la Fiscalía y
el Ministerio de Defensa.
Pero esto no quiere decir que la
criminalidad no esté haciendo su agosto con delitos como el robo en
todas sus modalidades. Y que, ante la falta de pie de fuerza de la
Policía, y de autoridad y de justicia del Estado, la delincuencia –y
ahora el terrorismo– cabalgue en la impunidad.
Sin duda, el episodio más grave de esta oleada de violencia fue el atentado del ELN en la estación de Policía San José en Barranquilla,
Atlántico, que dejó 5 muertos y 42 heridos. Esta célula terrorista está
relacionada con los autores de otros ataques en Bogotá en 2015, y
aunque las autoridades detuvieron a todos sus integrantes hace tres
años, los jueces los dejaron en libertad y desde hace dos años están en
las calles. Algo similar ocurrió con los integrantes del grupo radical
MRP, que detonaron la bomba del Centro Andino y mataron a tres personas.
Meses antes del atentado, la Policía había arrestado a dos de ellos con
una bomba en su poder. Al llevarlos ante un juez, quedaron en libertad
“porque la bomba no estalló”. Una vez libres, orquestaron el ataque al
Centro Andino y, esa vez, el artefacto sí estalló. ¿Qué habrá pensado el
juez que los soltó?
Y ni hablar de lo que ocurre a diario en las
calles. El caso del menor que provocó una masiva movilización en
Kennedy, al sur de la capital, refleja esta triste realidad. Su asesino,
que lo apuñaló hasta quitarle la vida por robarle la bicicleta, ya
había sido arrestado por otro intento de asesinato con arma blanca unos
meses atrás. Pero una orden judicial lo sacó a la calle.
Ser malo paga
Este
preocupante retrato muestra lo que, sin duda, se ha convertido en unos
de los mayores problemas para la seguridad: la reincidencia de los
delincuentes. Las cifras son espeluznantes.
Durante 2017, las
autoridades capturaron en el país a 207.728 delincuentes en flagrancia,
es decir, con las manos en la masa. Otros 37.800 cayeron como resultado
de investigaciones y órdenes judiciales, para un total de 245.528. Sin
embargo, los jueces solo enviaron a menos de 10.000 a la cárcel, o sea,
ni siquiera el 5 por ciento, según cifras de la Fiscalía y la Policía.
Ese
complejo escenario de impunidad tiene un agravante. Gran parte de esos
delincuentes capturados y dejados en libertad por los jueces son
profesionales del delito y un peligro para la sociedad. De los más de
240.000 capturados, 91.423 ya habían sido arrestados entre 2 y 9 veces y
otros 1.710 capturados por la Policía entre 10 y 40 veces, según datos
de esa institución.
Y lo que es peor: los jueces dejan en libertad
a los delincuentes por los delitos que más afectan la percepción de
seguridad del ciudadano común. Por ejemplo, solo el año pasado, 12.069
ladrones capturados en flagrancia robando a personas y entidades
comerciales quedaron en libertad por orden judicial. Y 6.425 de los
arrestados por lesiones personales recobraron la libertad al llegar a
audiencias ante los jueces. Más de 26.000 detenidos por tráfico,
fabricación y porte de estupefacientes (microtráfico) también salieron.
La
primera gran operación para enfrentar este problema demostró su
magnitud. Entre el 20 y el 24 de noviembre pasado, la Fiscalía y la
Dijín Nacional realizaron una ofensiva en el país para capturar la mayor
cantidad de reincidentes posibles. Tan solo en esos cuatro días
detuvieron 207 antisociales que habían cometido748 delitos. El 50 por
ciento corresponde a una de las modalidades que más afectan a los
ciudadanos: el robo.
“Las cifras reflejan un problema de fondo.
Mientras por un lado policías y fiscales hacen grandes esfuerzos por
sacar de las calles a los delincuentes, por el otro lado algunos jueces
aplican la ley de tal modo que están devolviendo los bandidos a las
calles”, sostiene un alto funcionario del CTI que no quiso dar su
nombre.
Ciudades indefensas
En
Bogotá, los habitantes sufren especialmente este fenómeno. En los
últimos cuatro años las autoridades capturaron a 26.865 delincuentes en
flagrancia, la mayoría implicados por robo a personas y entidades
comerciales o por tráfico de estupefacientes y homicidio. Lo increíble
es que de esa cifra más del 90 por ciento (25.333) de ellos habían sido
detenidos al menos en cinco oportunidades y no pasaron más de un año
tras las rejas.
“El país necesita dar un debate de fondo sobre la
política criminal y el tratamiento penal a delincuentes reincidentes.
Mientras estos delincuentes no paguen condenas efectivas, estamos
enviando como sociedad una señal muy equivocada: que el crimen paga”,
dijo a SEMANA el secretario de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá,
Daniel Mejía.
Pero si en Bogotá llueve, en otras ciudades no
escampa. En Barranquilla, por ejemplo, en los primeros ocho meses del
año pasado las autoridades capturaron a 4.907 personas. Pero solo 397,
el 8 por ciento, obtuvieron medida de aseguramiento en centro carcelario
y 3.864 quedaron en libertad, es decir que el 79 por ciento de los
capturados ni siquiera pisó la cárcel. Del total de la cifra de
detenidos que salieron libres, 339 eran delincuentes reincidentes
capturados en al menos cinco oportunidades por delitos como homicidio,
hurto y porte ilegal de armas.
El problema radica, para el
secretario del Interior del departamento del Atlántico, Guillermo Polo,
en la imposibilidad del sistema penal para procesar y sancionar a
quienes infringen la ley penal, especialmente en delitos de alto
impacto, lo que se suma a las dificultades para aplicar programas de
resocialización. “En últimas, el delincuente reincide porque tiene la
certeza de que la posibilidad de que lo sancionen es realmente baja”,
afirmó.
En el barrio Robledo, de Medellín, el miércoles
aparecieron los cadáveres de 4 personas envueltos en sábanas. Con ellos
la capital antioqueña llegó a 52 asesinatos en lo que va de 2018. Muchos
de esos crímenes son coletazos del reacomodo de las grandes mafias, y
en este caso en particular tendrían que ver con la captura de alias Tom,
uno de los grandes capos. Aunque este tipo de vendettas suelen ser
cíclicas y ligadas a muertes y detenciones de narcos, el mayor problema
de los paisas también son los reincidentes.
“Estas
recapturas obedecen a delitos como tráfico de estupefacientes y hurto a
personas, y generan consecuencias nefastas para la seguridad”, dijo a
SEMANA el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. “En Medellín se
capturó a una misma persona hasta 50 veces, lo que destruye la confianza
de la ciudadanía en las instituciones del Estado. El ciudadano está
mamado de que lo roben, y más de saber que quien lo hizo vuelve a las
calles a seguir robando. La solución no es soltar los criminales, sino
definir una política carcelaria seria”, concluye Gutiérrez.
Las
quejas de los mandatarios locales aparecen por todo el país. Rafael
Martínez, alcalde de Santa Marta, contó a SEMANA que en el más reciente
consejo de seguridad en su ciudad demostró que de las 3.000 capturas
solo el 15 por ciento terminó en detenciones intramurales. “La gente
cree que las administraciones y la Policía no trabajan. Cuando
organizamos operativos y hacemos capturas, se entregan a la Justicia,
pero la rama judicial no responde. Incluso, es la legislación, más que
la rama judicial” afirma.
En Cartagena la situación es aún más
crítica por la crisis de liderazgo político que desde hace varios años
vive la Heroica. “El 45 por ciento de los ciudadanos de la Heroica se
siente inseguro con su ciudad y el 36 por ciento se siente inseguro en
su barrio. La principal razón es la ocurrencia de constantes atracos
callejeros cometidos por pandillas y drogadictos”, dijo a SEMANA María
Claudia Peñas, directora del programa ciudadano Cartagena Cómo Vamos.
“La percepción de impunidad en la ciudad es muy alta. Solo 5 de cada 10
cartageneros creen que quienes porten armas, agredan a otra persona o
incumplan las normas de tránsito serán sancionados. Eso indica el nivel
de desgobierno de una ciudad que ha tenido 8 alcaldes en los últimos 6
años”, concluye.
En Valle del Cauca la situación no es distinta.
“Nos afectan mucho las detenciones domiciliarias, ya que casi siempre
cobijan a temidos delincuentes que luego reinciden”, aseguró Noralba
García, secretaria de Gobierno de la Gobernación de ese departamento.
¿Por qué los sueltan?
Para
los representantes de los jueces, que hoy están en la picota, el
problema proviene en realidad de una legislación excesivamente
garantista. “Parte de lo que está ocurriendo se debe a las
modificaciones hechas al Código Penal y al Código Penitenciario debido a
la grave situación de hacinamiento”, explicó a SEMANA un directivo de
Asonal Judicial, la asociación de empleados y funcionarios de la rama.
La
nueva reglamentación contempla que los jueces deben aplicar penas
sustitutivas, es decir que no impliquen detención carcelaria o
domiciliaria, a personas que cometieron delitos merecedores de pena
menor a ocho años. Antes de la reforma, un juez tenía la posibilidad de
considerar los factores objetivos y subjetivos. Esto le permitía, por
ejemplo, enviar a un delincuente a la cárcel si había reincidido, aunque
la pena no superara el mínimo. Ya no. “Ahora solo puede guiarse por
causas objetivas que fija la ley”, dijo el funcionario. “Las penas de
muchos delitos subieron sustancialmente, pero eso simplemente fue
populismo punitivo. Generó una falsa sensación de justicia”, concluye.
Otra parte de la historia por la cual muchos delincuentes regresaron a las calles comenzó hace tres años. En 2015 la Fiscalía
y el Ministerio de Justicia de la época promovieron ante el Congreso
una ley que buscaba esencialmente descongestionar las cárceles. Todo el
que llevara 12 meses tras las rejas sin ir a juicio debía quedar en
libertad sin importar la gravedad de su delito. Eso implicaba la salida
automática de 10.000 detenidos. En ese momento el gobierno logró atajar
esa estampida.
No obstante, el año pasado comenzaron a salir
masivamente de las cárceles todo tipo de detenidos. Más de 2.000
quedaron libres en el segundo semestre. Y de estos, 337 cometieron
nuevos delitos antes de cumplir el primer mes en las calles. Las
consecuencias hoy se sienten en muchas ciudades.
“La reincidencia
es una preocupación que afecta la seguridad y hace que el ciudadano
desconfíe de las instituciones”, reconoce el general Nieto. “Parte de la
solución está contemplada en el proyecto de ley 014 que lidera el
Ministerio de Justicia en el Congreso, en el que a los reincidentes se
les quitan beneficios judiciales y, además, se fortalece el sistema
carcelario”, afirma el oficial.
Falta de Estado, justicia y policías
Para
completar este preocupante panorama, habría que añadir la falta de
policías en las calles. Bogotá vive el caso más crítico. Una ciudad como
Londres, con cantidad similar de habitantes, tiene 30.000 uniformados,
para un promedio de 3.750 policías por cada 100.000 personas. Bogotá
tiene 238 policías por esta última cifra.
Incluso, en el propio
territorio nacional la desproporción es muy notoria, ya que municipios
como Bucaramanga, Tunja o Popayán tienen en promedio 600 policías por
cada 100.000 habitantes. Es decir, la capital cuenta con poco menos de
la tercera parte de las ciudades intermedias (ver gráfico).
“Bogotá
sufre un déficit estructural. Mientras varias ciudades del país tienen
400 o 500 policías por cada 100.000 habitantes, Bogotá no llega a 240.
La administración del alcalde Peñalosa triplicó la inversión en
seguridad (de 177.000 millones en 2015 a 540.000 para 2018), pero ahora
necesitamos que el gobierno nacional se comprometa con los bogotanos y
solucione este déficit”, afirma Daniel Mejía. Hace dos semanas, el
gobierno nacional y el Ministerio de Defensa anunciaron que
incorporarían otros 500 uniformados, cifra que es una lágrima en medio
del triste problema de seguridad.
Esa situación ha dado lugar a
que desde diferentes sectores se lancen propuestas que permitan
compensar esa falta de uniformados. Entre ellas, la de aprovechar que la
guerra contra las Farc terminó y pasar militares a las filas de la
Policía (ver recuadro).
Frente a este panorama, la semana pasada,
en un acto de sinceridad, el ministro de Justicia, Enrique Gil,
reconoció la crisis en una entrevista a Caracol Noticias. “No nos
llamemos a engaño: tenemos una política criminal desastrosa y por eso
este ministerio citó el año pasado al Consejo de Po lítica Criminal,
donde intervienen todos los entes, para buscar una solución a la
crisis”, afirmó Gil, quien reconoció que el tema de los reincidentes es
alarmante y crítico.
Lo cierto del caso es que mientras esas
reformas llegan, la sociedad inevitablemente se siente cada vez más
desprotegida por el Estado. Y esta situación lleva al extremo de que las
comunidades toman la justicia o la seguridad por propia mano y linchan a
los delincuentes, como ya ha empezado a ocurrir.
Toda esta
situación de impunidad, o de falta de herramientas judiciales, o de
excesivo garantismo, o de jueces complacientes, ha venido erosionando en
el país el respeto por la autoridad. Entre la inseguridad, los paros,
los bloqueos y los reincidentes, muchos colombianos se preguntan dónde
está el Estado para defender a la mayoría silenciosa y pacífica. El país
aún recuerda el video de la agresividad de un indígena en el Cauca que
le puso su machete en el cuello a un soldado que realizaba labores de
patrullaje para defender la propiedad privada en el Cauca.
Cuando
en el país se disparan los cultivos ilícitos a 150.00 hectáreas, el
microtráfico extiende sus tentáculos en cada esquina, y las disidencias
de la guerrilla y bandas criminales luchan por copar los espacios que
dejaron las Farc, el Estado tiene que empezar a tomar decisiones de
fondo si no quiere volver a los ciclos de violencia del pasado.
Les puede interesar: ¿Qué está pasando con la seguridad en Bogotá?
Pero
así duplique el pie de fuerza de la Policía, mejore la inteligencia y
utilice la última tecnología, mientras no haya un verdadero revolcón en
el sistema judicial –desde la legislación, la formación de los jueces y
el sistema penitenciario– la impunidad seguirá mandando en materia de
justicia en Colombia. Y con ella, la inseguridad.
-FIN-
Las redes del pánico
Facebook,
Twitter, WhatsApp y otras plataformas se transformaron en el canal de
propaganda de mentiras y noticias falsas que empeoró la percepción de
inseguridad.
La semana pasada, una vez más, las
redes sociales mostraron su cara más oscura. Una oleada de mensajes de
voz por WhatsApp, decenas de tuits y mensajes de Facebook desataron un
pánico e histeria colectiva, principalmente en Bogotá.
“A
todos los del grupo les cuento. Es un mensaje que me acaba de enviar
una prima que trabaja en la Fiscalía. No es un juego. Me dice que no
salgan porque vienen más bombas”, se escucha decir a un hombre. “5-8 a
todos los requerimientos. Se confirma bomba en la Torre Colpatria y
portales de TransMilenio”, se oye en otro mensaje de una persona que
simula ser un oficial de Policía. “Un tío que es militar me dijo que es
muy grave la situación. Por eso no vamos a ir a la universidad estos
días”, dice en otro mensaje de voz una mujer.
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“Acabaron
de desactivar una bomba a pocos metros de donde está mi hermana en la
plazoleta del Rosario. No saben lo que estoy sintiendo”, escribió una
mujer en su Twitter, que rápidamente fue compartido por decenas de
personas. “Al hijo de una amiga de la oficina lo intentó secuestrar una
banda al salir de clases. Por estos días no manden sus niños al
colegio”, escribió otra en sus redes. Estos y otros muchos mensajes
falsos causaron alarma en amplios sectores a lo largo de la semana.
Inescrupulosos, personas interesadas en generar caos con fines políticos
y no pocos ingenuos que reproducían los mensajes que les llegaban sin
verificarlos se encargaron de aumentar la ya de por sí elevada sensación
de inseguridad.
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