NOTA DEL BLOG: NO ES RARO QUE LOS MISMO ENCARGADOS DE PROTEGER Y VELAR POR LOS NIÑOS EN CONDICIONES DE RIESGO SE APROVECHEN PARA LUCRAR CON ELLOS
EN TAMAULIPAS TENEMOS EL CASO DE ERCEL LEWIS NORTEAMERICANO QUE SE APROVECHÒ DE SU CONDICION DE PASTOR DE UNA IGLESIA PARA REALIZAR VENTA DE ORGANOS Y NIÑOS EN LLERA TAMAULIPAS MEXICO ...HOY EN DIA ES PROTEGIDO POR EL GRAL ARTURO GUTIERREZ SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN TAMAULIPAS LINK 1 AL CASO LINK 2
Fuente KONEOCHO
Arzate utilizaba información privilegiada para identificar a madres vulnerables y a familias dispuestas a comprar a sus hijos.
El ex funcionario tenía acceso a la información de personas en proceso de adopción, e identificaba a mujeres vulnerables por problemas de drogadicción que daban a luz en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora, detalló el procurador Carlos Navarro Sugich en conferencia de prensa.
Arzate Carvajal y José Manuel Hernández López, ex empleado del área jurídica de la Unión Ganadera Regional de Sonora, “se encargaban de identificar a las parejas dispuestas a entregar dinero. Vladimir se encargaba de recoger al bebé que nunca ingresó al DIF ni a la información del estado, como ocurre de los que nacen de madres vulnerables”, explicó.
Desde 2012, ambas personas hallaron la forma de obtener beneficio económico a cambio de entregar menores a personas que los registraron como sus hijos biológicos después de entregar sumas que oscilaron entre 80 mil y 150 mil pesos.
Hasta ahora se ha logrado identificar a nueve menores involucrados que fueron registrados de forma irregular, de los que se conoce su paradero, pero no han sido recuperados.
Si son detenidos, los implicados podrían enfrentar tres penalidades que alcanzan hasta 5, 6 y 40 años de prisión.
Más detalles
Una denuncia anónima puso al descubierto una red de complicidades
en la compra-venta de al menos nueve menores en el Sistema DIF estatal,
entre funcionarios, médicos del Hospital Integral de la Mujer en el
Estado de Sonora (HIMES) y parejas con deseo de adoptar un menor.
El procurador del estado, Carlos Navarro Sugich, informó que desde el pasado 18 de marzo se inició una investigación, luego de que la Policía Estatal Investigadora (PEI) recibió una denuncia anónima en la que se acusó a Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, subprocurador de la Defensa del Menor y de la Familia, y coordinador de la Línea Protege, destinada a recibir denuncias de maltrato infantil, de tener retenido de manera ilegal a un bebé.
Derivado de dicha indagatoria, se identificaron a nueve menores —seis niños y tres niña — que fueron registrados de manera irregular, cuyos padres adoptivos pagaron montos que oscilan entre los 80 mil y los 150 mil pesos, así como otros 15 mil pesos por el aviso de nacimiento; si los interesados eran mexicanos, y hasta 20 mil dólares si eran extranjeros.
Al respecto, se giraron dos órdenes de aprehensión en contra de Arzate como probable responsable de la comisión de los delitos de incumplimiento de un deber legal, cuya penalidad va de uno a ocho años de prisión e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar un cargo público.
También por suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante, cuya pena es de seis meses a seis años de cárcel, así como por sustracción y tráfico de menores e incapaces, cuya pena es de 15 a 40 años de prisión. Además, se giró orden de aprehensión en contra de José Manuel Hernández López, abogado de la Unión Ganadera Regional de Sonora, como probable responsable de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante, así como por sustracción y tráfico de menores.
La Procuraduría solicitó también orden de aprehensión en contra de otras 14 personas — entre las que se encuentran algunos padres sustitutos—, como probables responsables de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante.
Modus operandi
Como parte de la investigación, se logró establecer que Vladimir
Arzate obvió el procedimiento legal y demás trámites para realizar la
entrega de los menores, en su mayoría hijos de mujeres vulnerables por
problemas de adicciones o trabajadoras agrícolas.
Para tal efecto se aprovechó del procedimiento legal para la entrega-recepción de infantes y en lugar de ponerlos a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor o de internarlos en el DIF, los entregaba ilegalmente a parejas que deseaban adoptar y que se hacían pasar por sus padres biológicos. Para los trámites utilizó documentación oficial, que firmaba Vladimir en ausencia del procurador de la Defensa del Menor y la Familia. José Manuel Hernández y Vladimir Arzate contactaron a un médico, quien a cambio de dinero les proporcionaba el aviso de nacimiento con el nombre de la madre, listo para que se plasmara su firma y la huella de la planta del pie del bebé respectivo.
Ya con esa documentación entregaban a los menores a los padres sustitutos, quienes los llevaban al Registro Civil donde obtenían el acta de nacimiento.
José Manuel visitaba o llamaba telefónicamente a parejas que querían adoptar y les ofrecía un “trámite exprés” a cambio de las sumas citadas.
De acuerdo con las investigaciones, desde 2012 los implicados habían establecido esta red ilícita. El procurador del estado señaló que la causa penal se mantiene abierta para continuar con la investigación.
Luis Antonio González Ramos, director del HIMES, defendió la integridad y la ética del personal a su cargo, aunque dijo estar abierto a cualquier investigación. El director del Registro Civil, Raúl González de la Vega, comentó que está colaborando con la Procuraduría, pero dijo que a esta dependencia, las personas que registraron niños ya llegaron con sus documentos en orden.
Sobre si la situación tendrá impacto político por ser Iveth Dagnino —esposa del gobernador — quien está al frente del DIF Sonora, dijo que “el altruismo de las primeras damas no tiene que ver con los malos servidores”.
(Con información de Notimex y El Universal.mx)
EN TAMAULIPAS TENEMOS EL CASO DE ERCEL LEWIS NORTEAMERICANO QUE SE APROVECHÒ DE SU CONDICION DE PASTOR DE UNA IGLESIA PARA REALIZAR VENTA DE ORGANOS Y NIÑOS EN LLERA TAMAULIPAS MEXICO ...HOY EN DIA ES PROTEGIDO POR EL GRAL ARTURO GUTIERREZ SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN TAMAULIPAS LINK 1 AL CASO LINK 2
Fuente KONEOCHO
Sonora: Ex funcionario del DIF vendía niños hasta en 150 mil pesos: PGJE
Un ex funcionario del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Sonora,
integró una red de tráfico de niños, que vendían hasta en 150 mil pesos,
informó la Procuraduría de ese estado.
El procurador de Justicia del estado, Carlos Navarro, indicó que se giraron órdenes de aprehensión contra 16 personas, entre ellas Vladimir Alfredo Arzate Carvajal, quien fue subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF y encargado de la línea telefónica de ayuda PROTEGE.
El procurador de Justicia del estado, Carlos Navarro, indicó que se giraron órdenes de aprehensión contra 16 personas, entre ellas Vladimir Alfredo Arzate Carvajal, quien fue subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF y encargado de la línea telefónica de ayuda PROTEGE.
Arzate utilizaba información privilegiada para identificar a madres vulnerables y a familias dispuestas a comprar a sus hijos.
El ex funcionario tenía acceso a la información de personas en proceso de adopción, e identificaba a mujeres vulnerables por problemas de drogadicción que daban a luz en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora, detalló el procurador Carlos Navarro Sugich en conferencia de prensa.
Arzate Carvajal y José Manuel Hernández López, ex empleado del área jurídica de la Unión Ganadera Regional de Sonora, “se encargaban de identificar a las parejas dispuestas a entregar dinero. Vladimir se encargaba de recoger al bebé que nunca ingresó al DIF ni a la información del estado, como ocurre de los que nacen de madres vulnerables”, explicó.
Desde 2012, ambas personas hallaron la forma de obtener beneficio económico a cambio de entregar menores a personas que los registraron como sus hijos biológicos después de entregar sumas que oscilaron entre 80 mil y 150 mil pesos.
Hasta ahora se ha logrado identificar a nueve menores involucrados que fueron registrados de forma irregular, de los que se conoce su paradero, pero no han sido recuperados.
Si son detenidos, los implicados podrían enfrentar tres penalidades que alcanzan hasta 5, 6 y 40 años de prisión.
Más detalles
El procurador del estado, Carlos Navarro Sugich, informó que desde el pasado 18 de marzo se inició una investigación, luego de que la Policía Estatal Investigadora (PEI) recibió una denuncia anónima en la que se acusó a Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, subprocurador de la Defensa del Menor y de la Familia, y coordinador de la Línea Protege, destinada a recibir denuncias de maltrato infantil, de tener retenido de manera ilegal a un bebé.
Derivado de dicha indagatoria, se identificaron a nueve menores —seis niños y tres niña — que fueron registrados de manera irregular, cuyos padres adoptivos pagaron montos que oscilan entre los 80 mil y los 150 mil pesos, así como otros 15 mil pesos por el aviso de nacimiento; si los interesados eran mexicanos, y hasta 20 mil dólares si eran extranjeros.
Al respecto, se giraron dos órdenes de aprehensión en contra de Arzate como probable responsable de la comisión de los delitos de incumplimiento de un deber legal, cuya penalidad va de uno a ocho años de prisión e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar un cargo público.
También por suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante, cuya pena es de seis meses a seis años de cárcel, así como por sustracción y tráfico de menores e incapaces, cuya pena es de 15 a 40 años de prisión. Además, se giró orden de aprehensión en contra de José Manuel Hernández López, abogado de la Unión Ganadera Regional de Sonora, como probable responsable de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante, así como por sustracción y tráfico de menores.
La Procuraduría solicitó también orden de aprehensión en contra de otras 14 personas — entre las que se encuentran algunos padres sustitutos—, como probables responsables de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante.
Modus operandi
Para tal efecto se aprovechó del procedimiento legal para la entrega-recepción de infantes y en lugar de ponerlos a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor o de internarlos en el DIF, los entregaba ilegalmente a parejas que deseaban adoptar y que se hacían pasar por sus padres biológicos. Para los trámites utilizó documentación oficial, que firmaba Vladimir en ausencia del procurador de la Defensa del Menor y la Familia. José Manuel Hernández y Vladimir Arzate contactaron a un médico, quien a cambio de dinero les proporcionaba el aviso de nacimiento con el nombre de la madre, listo para que se plasmara su firma y la huella de la planta del pie del bebé respectivo.
Ya con esa documentación entregaban a los menores a los padres sustitutos, quienes los llevaban al Registro Civil donde obtenían el acta de nacimiento.
José Manuel visitaba o llamaba telefónicamente a parejas que querían adoptar y les ofrecía un “trámite exprés” a cambio de las sumas citadas.
De acuerdo con las investigaciones, desde 2012 los implicados habían establecido esta red ilícita. El procurador del estado señaló que la causa penal se mantiene abierta para continuar con la investigación.
Luis Antonio González Ramos, director del HIMES, defendió la integridad y la ética del personal a su cargo, aunque dijo estar abierto a cualquier investigación. El director del Registro Civil, Raúl González de la Vega, comentó que está colaborando con la Procuraduría, pero dijo que a esta dependencia, las personas que registraron niños ya llegaron con sus documentos en orden.
Sobre si la situación tendrá impacto político por ser Iveth Dagnino —esposa del gobernador — quien está al frente del DIF Sonora, dijo que “el altruismo de las primeras damas no tiene que ver con los malos servidores”.
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