NOTA DEL BLOG: LO PEGO TAL CUAL
Chilpancingo, 4 de noviembre (SinEmbargo).– Todos estuvieron ahí. El
asesinato de seis jóvenes ocurrió mientras Iguala estaba cubierta por
soldados, policías federales, estatales y judiciales quienes iban y
venían por la pequeña ciudad de Iguala. En ese trajín, en cuestión de
horas, ocurrió el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La fuerza pública de todos los niveles de gobierno iba y venía por el pueblo registrando muertos por aquí, vehículos baleados por allá y heridos por todos lados.
Los hechos que tienen al gobierno de Enrique Peña Nieto en vía de descarrilamiento están redactados en un informe confidencial elaborado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero a partir de las distintas averiguaciones previas abiertas relativas al caso por los delitos de homicidio, secuestro y asociación delictuosa.
En el documento, de acuerdo con el criterio del actual gobierno estatal, se integran las declaraciones a propósito de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre y las primeras horas del 27 de septiembre.
SinEmbargo posee copia de este documento fechado el 28 de octubre pasado, un mes y un día después de la masacre y la ausencia de los normalistas y dos días después de la separación oficial de la gubernatura guerrerense de Ángel Aguirre Rivero.
En este sentido, es la versión de los hechos del gobierno interino encabezado por Rogelio Ortega Martínez.
EL EJÉRCITO ESTUVO ALLÍ, PRIMERA PARTE
Hacia las seis de la tarde del viernes 26 de septiembre de 2014, un grupo de 120 estudiantes de entre los grados primero a cuarto de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicada en Tixtla, Guerrero, salieron de esta población a bordo de dos autobuses de la empresa Estrella de Oro que tenían en su poder desde hacía un mes en el interior de las instalaciones de la escuela.
Los autobuses, con 60 muchachos cada uno, eran conducidos por choferes de la misma línea de transporte y se dirigían a Iguala con la intención de tomar otros dos camiones de la compañía Costa Line.
Los estudiantes recolectaron dinero en las calles de Iguala y arribaron a la terminal de camiones Costa Line a las nueve de la noche. Descendieron de los carros Estrella de Oro y advirtieron a los conductores de la segunda empresa que ocuparían dos unidades, aunque, según se entiende por los futuros hechos, sólo abordaron uno.
Sin más detalles, adelantaron, la intención era viajar el lunes siguiente a un lugar de la Costa Chica.
El convoy salió a la avenida Juan N. Álvarez y circuló hacia la carretera federal que conduce a la capital Chilpancingo. Aquí fueron interceptados por camionetas de la Policía Municipal de Iguala. Los alumnos recordarían los números de cuatro de los vehículos oficiales: 017, 018, 020 y 027 y la investigación añadiría el involucramiento de los carros 019, 021 y 022.
En total, según los testigos, las patrullas trasladaban a unos 30 policías, todos armados con pistolas o rifles.
El conductor del autobús en la vanguardia detuvo la marcha y los alumnos que viajaban en él bajaron del camión, “momento en que los policías municipales empezaron a disparar con las armas de fuego que portaban”.
–¡Arranque! –gritaron los jóvenes al chofer, pero algunos muchachos ya habían bajado y corrían junto al autobús para abordarlo sobre la marcha, pero al no lograrlo, se dispersaron.
Cuando otros dos autobuses se detuvieron, los estudiantes que viajaban dentro corrieron abajo, buscaron piedras y las arrojaron a los policías, quienes se replegaron “porque eran pocos”. Los chavos trataron de mover la patrulla que les cerraba el paso, pero en ese momento aparecieron cinco o seis patrullas más de la policía municipal.
“Los elementos que venían a bordo dispararon a una distancia de 100 a 150 metros”, se lee en el informe.
Los estudiantes corrieron hacia la parte trasera del autobús para cubrirse del fuego. Algunos salieron del refugio con las manos en alto para mostrar a los agentes que estaban desarmados, “sin embargo, los policías siguieron disparando”. Uno de los jóvenes, Aldo Gutiérrez Solano, apodado El Güero, cayó herido delante del camión.
–¡Hablen a una ambulancia! ¡Hablen a una ambulancia! –gritaron los muchachos a los policías.
Un muchacho intentó alcanzar al Güero, pero apenas asomó la cabeza, el plomo le zumbó al lado de la cabeza. Cuatro estudiantes más intentaron salir con las manos en alto y rodear a su compañero herido.
–¡Tírense al suelo! –les ordenó uno de los uniformados.
Los jóvenes se recostaron y escucharon más disparos, esta vez, según el documento, hechos al aire.
Los alumnos continuaron agazapados en la calle durante los siguientes 30 minutos, hasta que los policías se retiraron del sitio sin intentar nada más.
A las 11 de la noche, los estudiantes escucharon ráfagas de arma de fuego. En la oscuridad, oían el tiroteo, pero no distinguían quiénes disparaban. Algunos corrieron rumbo a la calle donde estaban los autobuses para cubrirse. Otros huyeron con dirección al campo.
Édgar Andrés Vargas cayó herido en la boca. Veinte o 25 de sus compañeros lo recogieron y, corriendo, lo llevaron a una clínica particular que encontraron en el camino.
–Necesita atención urgente –pidió uno de los estudiantes.
–La herida necesita ser atendida por un cirujano y no tenemos –respondió alguien del personal del hospital.
–Por lo menos atiéndanlo para que no se desangre. Dejen que los demás nos escondamos aquí –suplicó un compañero del herido.
–No podemos atenderlo, llamen a una ambulancia o a un taxi.
Unos estudiantes volvieron a la calle, pero ningún taxi detenía la marcha. A los 10 minutos llegaron elementos del ejército e ingresaron a la clínica y los revisaron en busca de armas.
–Deben salir aquí, este es un lugar privado –ordenó un militar a los jóvenes.
–Un compañero está herido.
Los soldados llamaron a una ambulancia y los jóvenes volvieron a las calles de Iguala. Dieron con una casa en que se guarecieron hasta la mañana siguiente.
Otro documento, este elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también en poder de este medio, da cuenta del mismo hecho:
“Entre las 00.00 y las 00.30 horas del día 27 de septiembre de 2014, de acuerdo a lo señalado por los testigos arribaron al hospital particular elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dichos servidores públicos, les retiraron sus teléfonos celulares y playeras; además, les pidieron sus datos generales y les tomaron fotografías; al observar que había un estudiante herido solicitaron una ambulancia y les ofrecieron una disculpa, bajo el argumento de que los habían confundido; por lo cual, les regresaron sus pertenencias y se retiraron del lugar.
“Momentos después, los estudiantes comenzaron a solicitar servicio a los taxistas que circulaban por el lugar a fin de trasladar a Edgar Andrés Vargas a otro nosocomio para que se le proporcionara atención médica, negándose algunos de ellos, bajo el argumento de que tenían órdenes de no apoyar a los normalistas”.
EL NARCO ESTUVO ALLÍ
Un vendedor de drogas de nombre Martín Alejandro Macedo Barrera y un sicario llamado Marco Antonio Ríos Berber, ambos miembros del mini cártel Guerreros Unidos, aceptarían su participación en el asesinato de los normalistas.
Según la investigación estatal, ambos sujetos siguieron a los muchachos de Ayotzinapa desde su llegada a Iguala, alrededor de las nueve de la noche. Utilizaron dos camionetas: una Dodge Ram blanca y una Ford Lobo negra.
En esta versión destacada por la Procuraduría, estos hombres dispararon a la caravana de camiones cerca del centro de la ciudad “logrando que descendieran del autobús en que se desplazaban procediendo a asegurar a 17 de ellos, trasladándolos a la parte alta de un cerro de Pueblo Viejo, donde tienen fosas clandestinas, en el que los ultimaron.
“La instrucción de acudir al sitio en que se encontraban los normalistas la dio a quien ubican [Macedo y Ríos] como el que da las órdenes en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares [subdirector de la corporación]”.
LA POLICÍA FEDERAL ESTUVO ALLÍ
Entre las 10.30 y las 11 de la noche, el equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo ya viajaban en camión de vuelta a su ciudad. Horas antes habían disputado un juego contra los locales Iguanas de Iguala. El equipo de tercera fuerza era acompañado por el cuerpo técnico y dos árbitros.
Apenas los jugadores se acomodaron en sus asientos y cerraron las ventanas para ver una película, una metralla salpicó las ventanas y la lámina de un costado del bus. Los futbolistas brincaron bocabajo al suelo del pasillo o se apachurraron bajo sus asientos. El continuó hasta que el operador del camión, lesionado en el hombro izquierdo —en otra versión este hombre es referido con una herida en el lado izquierdo de la cabeza—, perdió el control y se estrelló contra un talud.
—¡Somos jugadores de futbol! ¡Somos jugadores de futbol! —gritaron los deportistas dentro del camión, según declararían horas después.
—No nos importa —fue la respuesta al otro lado de los cañones.
El silencio tardó cinco minutos en llegar y luego del arranque a toda velocidad de dos vehículos.
Los jugadores se incorporaron y descubrieron heridos a un compañero que sangraba de la mano izquierda y a uno de los árbitros, alcanzado por una bala en el hombro izquierdo.
Hasta pasados 40 minutos del ataque, una patrulla de la Policía Federal apareció en el sitio y ofreció primeros auxilios a los lesionados. Los demás caminaron en la oscuridad de la carretera de regreso a Iguala “temiendo que volvieran a sufrir una nueva agresión, hasta que fueron detectados por elementos de la policía ministerial quienes los trasladaron a la agencia para declarar”.
En la versión de otros futbolistas, parte del grupo se internó en los cerros aledaños hasta que pasó una ambulancia en que trasladaron a uno de los heridos, Víctor Manuel Lugo Ortiz, quien murió horas después en el hospital.
La noche de Iguala, antes sólo interrumpida por los ladridos de los perros y cacareos de los gallos, ya era una bulla de tableteos de fusiles automáticos, sirenas y gritos.
LA FISCALÍA Y LA ESTATAL ESTUVIERON ALLÍ
A las 11 de la noche, aún 26 de septiembre, el médico de guardia del Hospital General de Iguala dio parte al Ministerio Público del Fuero Común del ingreso de los heridos de nombres Andrés Daniel Martínez Hernández, Erick Santiago López y un tercer desconocido al menos hasta ese momento.
En consecuencia, la Fiscalía Estatal inició una averiguación previa y se ordenó la presentación de personal ministerial al hospital para realizar las diligencias.
Poco tiempo después, cinco minutos después de la medianoche, ya en el 27 de septiembre, personal del Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4, como en clave se hace referencia al cuarto de seguimiento remoto en materia de seguridad) dependiente de la Policía Estatal, hizo del conocimiento de la Fiscalía de Guerrero que sobre la carretera nacional México-Acapulco, en el tramo de Iguala a Mezcala, bajo el puente que se ubica frente al Palacio de Justicia –por si toda la escena no tuviera la suficiente ironía– se encontraba un autobús abandonado de la línea Estrella de Oro.
Cuando los agentes revisaron el camión, lo encontraron con los cristales rotos y las llantas ponchadas. Adentro del bus, había piedras de varios tamaños. Afuera, a cinco metros del bus, los policías hallaron amontonadas ocho playeras, un suéter y un pañuelo. Una de las playeras tenía manchas de sangre. Esto llevó a que además intervinieran peritos en genética para la eventual confronta de ADN.
Cuarenta minutos después, el mismo C-4 reportó al ministerio público del estado que, a la altura del municipio de Iguala, se encontraban dos personas fallecidas por arma de fuego, un hombre y una mujer, así como vehículos dañados por disparos.
Personal de la procuraduría acudió al sitio, donde encontró un Tsuru baleado y, a dos metros de distancia, el cadáver de Blanca Montiel Sánchez, primera víctima mortal registrada en el informe de la Procuraduría. En los alrededores había otro Tsuru y el autobús en que viajaran los futbolistas en cuyo interior estaba el cuerpo de David Josué García Evangelista.
Según el parte, en esta misma zona se descubrieron cinco heridos y una lluvia de casquillos percutidos de cartuchos propios de “cuerno de chico”, AR-15, .9 milímetros, .38 Súper, .380 y hasta .22.
Hasta el momento, militares, policías federales, policías judiciales de Guerrero y policías estatales iban y venían sin aparente sobresalto por la carnicería Iguala, una ciudad de apenas 120 mil habitantes.
Por si faltasen indicios a la Procuraduría estatal, un hombre reportó que debió detener su auto cuando, a media carretera, se topó con uno de los autos Tsuru atravesado. Bajó para ver que ocurría y entonces se apareció una decena de hombres vestidos con ropa oscura u pasamontañas negros sobre sus rostros. Sin palabra de por medio, estos hombres le dispararon a él y su acompañante. Huyeron por los cerros.
Algo más: a las 11 horas con 21 minutos y 41 segundos, las cámaras de C-4 instaladas en Periférico Benito Juárez a la altura del cruce con la carretera federal Igual-Taxco captaron una camioneta de la policía municipal en cuya batea viajaban civiles.
Cerca de ahí se encontraron los camiones y vehículos baleados y dos estudiantes muertos.
EL EJERCITO ESTUVO ALLÍ, SEGUNDA PARTE
A las 2.40 de la madrugada del 27 de septiembre, soldados del 27 Batallón de Infantería apostado en Iguala se encontró con dos hombres muertos entre Periférico Norte y la calle Juan N. Álvarez.
La agitada noche para los funcionarios de la Fiscalía continuó en el sitio. Habían, abandonados, una camioneta Nissan modelo Urban, tres autobuses —dos de la empresa Estrella de oro y uno más de Costa Line, así que eran los camiones tomados y usados por los alumnos de Ayotzinapa— , un Chevy, una moto Yamaha, una camioneta Ford y un Pointer de Volkswagen.
Todos los vehículos estaban agujerados por bala, presumiblemente calibre .223, propio del fusil AR-15. Y dos cadáveres más: Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
A la misma hora, 2.40 de la mañana, un agente del Ministerio Público recibió una llamada telefónica del Hospital General Jorge Soberón Acevedo —recuérdese que la llamada anterior, realizada desde la misma clínica— dando parte del ingreso de 11 heridos, todos relacionados con el equipo de futbol Avispones de Chilpancingo.
Siete testigos identificaron físicamente a sus agresores y 13 más aseguraron que sus atacantes fueron policías municipales quienes, de acuerdo con la investigación dispararon contra los muchachos en al menos 193 ocasiones.
Diecinueve elementos dieron positivo a la prueba de radizonato de sodio con lo que se acreditó, según el fiscal, que en las horas inmediatas anteriores al examen dispararon armas de fuego. Las armas disparadas por algunos de ellos compaginaron en el laboratorio de balístico con las balas extraídas a los cadáveres.
Los inculpados están presos en el Centro de Reinserción Social de las Cruces.
EL EJÉRCITO ESTUVO ALLÍ, TERCERA PARTE
Los soldados siguieron por la brecha de terracería conocida como Camino del Andariego, una terracería arriba de la Coca Cola, en la Ciudad Industrial de Iguala. Eran las 9.30 de la mañana cuando vieron el cuerpo de Julio César Mondragón Fontes: playera roja, pantalones de mezclilla azul.
Caminaron al bulto y descubrieron su cabeza sin rostro, con los ojos arrebatados de las cuencas.
“Se le apreciaron múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo (…) se determinó como causa de muerte edema cerebral por múltiples fracturas de cráneo producidas por agente contundente”.
A LOS 43 LOS ECHARON A LOS PERROS
Nueva información sale a cuentagotas de ese 26 de septiembre. Documentos oficiales en poder de SinEmbargo dicen ahora que elementos del Ejército, de la Policía Federal y de la Estatal estaban allí cuando los normalistas fueron atacados. Y antes de que los secuestraran, les negaron ayuda.
Mejor los revisaron para ver si no traían armas, que tenderles la mano. Mejor les tomaron fotos, les quitaron las playeras, les negaron la atención médica.
Los sacaron de un hospital, los lanzaron a una carretera oscura. Básicamente, los echaron a los perros.
Y hasta los taxistas: tenían órdenes, dijeron, de no apoyar a los estudiantes ahora desaparecidos…
Los padres, al salir de Los Pinos. Cansados, tristes, desilusionados. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
La fuerza pública de todos los niveles de gobierno iba y venía por el pueblo registrando muertos por aquí, vehículos baleados por allá y heridos por todos lados.
Los hechos que tienen al gobierno de Enrique Peña Nieto en vía de descarrilamiento están redactados en un informe confidencial elaborado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero a partir de las distintas averiguaciones previas abiertas relativas al caso por los delitos de homicidio, secuestro y asociación delictuosa.
En el documento, de acuerdo con el criterio del actual gobierno estatal, se integran las declaraciones a propósito de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre y las primeras horas del 27 de septiembre.
SinEmbargo posee copia de este documento fechado el 28 de octubre pasado, un mes y un día después de la masacre y la ausencia de los normalistas y dos días después de la separación oficial de la gubernatura guerrerense de Ángel Aguirre Rivero.
En este sentido, es la versión de los hechos del gobierno interino encabezado por Rogelio Ortega Martínez.
23
de octubre. Los ciudadanos marchan en la Ciudad de México. Y marchan,
sobre todo, los jóvenes. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Hacia las seis de la tarde del viernes 26 de septiembre de 2014, un grupo de 120 estudiantes de entre los grados primero a cuarto de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicada en Tixtla, Guerrero, salieron de esta población a bordo de dos autobuses de la empresa Estrella de Oro que tenían en su poder desde hacía un mes en el interior de las instalaciones de la escuela.
Los autobuses, con 60 muchachos cada uno, eran conducidos por choferes de la misma línea de transporte y se dirigían a Iguala con la intención de tomar otros dos camiones de la compañía Costa Line.
Los estudiantes recolectaron dinero en las calles de Iguala y arribaron a la terminal de camiones Costa Line a las nueve de la noche. Descendieron de los carros Estrella de Oro y advirtieron a los conductores de la segunda empresa que ocuparían dos unidades, aunque, según se entiende por los futuros hechos, sólo abordaron uno.
Sin más detalles, adelantaron, la intención era viajar el lunes siguiente a un lugar de la Costa Chica.
El convoy salió a la avenida Juan N. Álvarez y circuló hacia la carretera federal que conduce a la capital Chilpancingo. Aquí fueron interceptados por camionetas de la Policía Municipal de Iguala. Los alumnos recordarían los números de cuatro de los vehículos oficiales: 017, 018, 020 y 027 y la investigación añadiría el involucramiento de los carros 019, 021 y 022.
En total, según los testigos, las patrullas trasladaban a unos 30 policías, todos armados con pistolas o rifles.
El conductor del autobús en la vanguardia detuvo la marcha y los alumnos que viajaban en él bajaron del camión, “momento en que los policías municipales empezaron a disparar con las armas de fuego que portaban”.
–¡Arranque! –gritaron los jóvenes al chofer, pero algunos muchachos ya habían bajado y corrían junto al autobús para abordarlo sobre la marcha, pero al no lograrlo, se dispersaron.
Cuando otros dos autobuses se detuvieron, los estudiantes que viajaban dentro corrieron abajo, buscaron piedras y las arrojaron a los policías, quienes se replegaron “porque eran pocos”. Los chavos trataron de mover la patrulla que les cerraba el paso, pero en ese momento aparecieron cinco o seis patrullas más de la policía municipal.
“Los elementos que venían a bordo dispararon a una distancia de 100 a 150 metros”, se lee en el informe.
Los estudiantes corrieron hacia la parte trasera del autobús para cubrirse del fuego. Algunos salieron del refugio con las manos en alto para mostrar a los agentes que estaban desarmados, “sin embargo, los policías siguieron disparando”. Uno de los jóvenes, Aldo Gutiérrez Solano, apodado El Güero, cayó herido delante del camión.
–¡Hablen a una ambulancia! ¡Hablen a una ambulancia! –gritaron los muchachos a los policías.
Un muchacho intentó alcanzar al Güero, pero apenas asomó la cabeza, el plomo le zumbó al lado de la cabeza. Cuatro estudiantes más intentaron salir con las manos en alto y rodear a su compañero herido.
–¡Tírense al suelo! –les ordenó uno de los uniformados.
Los jóvenes se recostaron y escucharon más disparos, esta vez, según el documento, hechos al aire.
Los alumnos continuaron agazapados en la calle durante los siguientes 30 minutos, hasta que los policías se retiraron del sitio sin intentar nada más.
6 de octubre. El Presidente Enrique Peña Nieto habla desde Los Pinos sobre los desaparecidos. Foto: Cuartoscuro
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Los muchachos movieron los cuerpos inertes, buscaron el aliento de los caídos. Contaron tres muertos, los tres estudiantes de primer grado.A las 11 de la noche, los estudiantes escucharon ráfagas de arma de fuego. En la oscuridad, oían el tiroteo, pero no distinguían quiénes disparaban. Algunos corrieron rumbo a la calle donde estaban los autobuses para cubrirse. Otros huyeron con dirección al campo.
Édgar Andrés Vargas cayó herido en la boca. Veinte o 25 de sus compañeros lo recogieron y, corriendo, lo llevaron a una clínica particular que encontraron en el camino.
–Necesita atención urgente –pidió uno de los estudiantes.
–La herida necesita ser atendida por un cirujano y no tenemos –respondió alguien del personal del hospital.
–Por lo menos atiéndanlo para que no se desangre. Dejen que los demás nos escondamos aquí –suplicó un compañero del herido.
–No podemos atenderlo, llamen a una ambulancia o a un taxi.
Unos estudiantes volvieron a la calle, pero ningún taxi detenía la marcha. A los 10 minutos llegaron elementos del ejército e ingresaron a la clínica y los revisaron en busca de armas.
–Deben salir aquí, este es un lugar privado –ordenó un militar a los jóvenes.
–Un compañero está herido.
Los soldados llamaron a una ambulancia y los jóvenes volvieron a las calles de Iguala. Dieron con una casa en que se guarecieron hasta la mañana siguiente.
Otro documento, este elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también en poder de este medio, da cuenta del mismo hecho:
“Entre las 00.00 y las 00.30 horas del día 27 de septiembre de 2014, de acuerdo a lo señalado por los testigos arribaron al hospital particular elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dichos servidores públicos, les retiraron sus teléfonos celulares y playeras; además, les pidieron sus datos generales y les tomaron fotografías; al observar que había un estudiante herido solicitaron una ambulancia y les ofrecieron una disculpa, bajo el argumento de que los habían confundido; por lo cual, les regresaron sus pertenencias y se retiraron del lugar.
“Momentos después, los estudiantes comenzaron a solicitar servicio a los taxistas que circulaban por el lugar a fin de trasladar a Edgar Andrés Vargas a otro nosocomio para que se le proporcionara atención médica, negándose algunos de ellos, bajo el argumento de que tenían órdenes de no apoyar a los normalistas”.
Primero
de octubre. Una columna de fuerzas federales y estatales busca a los
jóvenes, acompañados por los padres. Foto: Cuartoscuro
Un vendedor de drogas de nombre Martín Alejandro Macedo Barrera y un sicario llamado Marco Antonio Ríos Berber, ambos miembros del mini cártel Guerreros Unidos, aceptarían su participación en el asesinato de los normalistas.
Según la investigación estatal, ambos sujetos siguieron a los muchachos de Ayotzinapa desde su llegada a Iguala, alrededor de las nueve de la noche. Utilizaron dos camionetas: una Dodge Ram blanca y una Ford Lobo negra.
En esta versión destacada por la Procuraduría, estos hombres dispararon a la caravana de camiones cerca del centro de la ciudad “logrando que descendieran del autobús en que se desplazaban procediendo a asegurar a 17 de ellos, trasladándolos a la parte alta de un cerro de Pueblo Viejo, donde tienen fosas clandestinas, en el que los ultimaron.
“La instrucción de acudir al sitio en que se encontraban los normalistas la dio a quien ubican [Macedo y Ríos] como el que da las órdenes en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares [subdirector de la corporación]”.
LA POLICÍA FEDERAL ESTUVO ALLÍ
Entre las 10.30 y las 11 de la noche, el equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo ya viajaban en camión de vuelta a su ciudad. Horas antes habían disputado un juego contra los locales Iguanas de Iguala. El equipo de tercera fuerza era acompañado por el cuerpo técnico y dos árbitros.
Apenas los jugadores se acomodaron en sus asientos y cerraron las ventanas para ver una película, una metralla salpicó las ventanas y la lámina de un costado del bus. Los futbolistas brincaron bocabajo al suelo del pasillo o se apachurraron bajo sus asientos. El continuó hasta que el operador del camión, lesionado en el hombro izquierdo —en otra versión este hombre es referido con una herida en el lado izquierdo de la cabeza—, perdió el control y se estrelló contra un talud.
—¡Somos jugadores de futbol! ¡Somos jugadores de futbol! —gritaron los deportistas dentro del camión, según declararían horas después.
—No nos importa —fue la respuesta al otro lado de los cañones.
El silencio tardó cinco minutos en llegar y luego del arranque a toda velocidad de dos vehículos.
Los jugadores se incorporaron y descubrieron heridos a un compañero que sangraba de la mano izquierda y a uno de los árbitros, alcanzado por una bala en el hombro izquierdo.
Hasta pasados 40 minutos del ataque, una patrulla de la Policía Federal apareció en el sitio y ofreció primeros auxilios a los lesionados. Los demás caminaron en la oscuridad de la carretera de regreso a Iguala “temiendo que volvieran a sufrir una nueva agresión, hasta que fueron detectados por elementos de la policía ministerial quienes los trasladaron a la agencia para declarar”.
En la versión de otros futbolistas, parte del grupo se internó en los cerros aledaños hasta que pasó una ambulancia en que trasladaron a uno de los heridos, Víctor Manuel Lugo Ortiz, quien murió horas después en el hospital.
La noche de Iguala, antes sólo interrumpida por los ladridos de los perros y cacareos de los gallos, ya era una bulla de tableteos de fusiles automáticos, sirenas y gritos.
LA FISCALÍA Y LA ESTATAL ESTUVIERON ALLÍ
A las 11 de la noche, aún 26 de septiembre, el médico de guardia del Hospital General de Iguala dio parte al Ministerio Público del Fuero Común del ingreso de los heridos de nombres Andrés Daniel Martínez Hernández, Erick Santiago López y un tercer desconocido al menos hasta ese momento.
En consecuencia, la Fiscalía Estatal inició una averiguación previa y se ordenó la presentación de personal ministerial al hospital para realizar las diligencias.
Poco tiempo después, cinco minutos después de la medianoche, ya en el 27 de septiembre, personal del Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4, como en clave se hace referencia al cuarto de seguimiento remoto en materia de seguridad) dependiente de la Policía Estatal, hizo del conocimiento de la Fiscalía de Guerrero que sobre la carretera nacional México-Acapulco, en el tramo de Iguala a Mezcala, bajo el puente que se ubica frente al Palacio de Justicia –por si toda la escena no tuviera la suficiente ironía– se encontraba un autobús abandonado de la línea Estrella de Oro.
Cuando los agentes revisaron el camión, lo encontraron con los cristales rotos y las llantas ponchadas. Adentro del bus, había piedras de varios tamaños. Afuera, a cinco metros del bus, los policías hallaron amontonadas ocho playeras, un suéter y un pañuelo. Una de las playeras tenía manchas de sangre. Esto llevó a que además intervinieran peritos en genética para la eventual confronta de ADN.
Cuarenta minutos después, el mismo C-4 reportó al ministerio público del estado que, a la altura del municipio de Iguala, se encontraban dos personas fallecidas por arma de fuego, un hombre y una mujer, así como vehículos dañados por disparos.
Personal de la procuraduría acudió al sitio, donde encontró un Tsuru baleado y, a dos metros de distancia, el cadáver de Blanca Montiel Sánchez, primera víctima mortal registrada en el informe de la Procuraduría. En los alrededores había otro Tsuru y el autobús en que viajaran los futbolistas en cuyo interior estaba el cuerpo de David Josué García Evangelista.
Según el parte, en esta misma zona se descubrieron cinco heridos y una lluvia de casquillos percutidos de cartuchos propios de “cuerno de chico”, AR-15, .9 milímetros, .38 Súper, .380 y hasta .22.
Hasta el momento, militares, policías federales, policías judiciales de Guerrero y policías estatales iban y venían sin aparente sobresalto por la carnicería Iguala, una ciudad de apenas 120 mil habitantes.
Por si faltasen indicios a la Procuraduría estatal, un hombre reportó que debió detener su auto cuando, a media carretera, se topó con uno de los autos Tsuru atravesado. Bajó para ver que ocurría y entonces se apareció una decena de hombres vestidos con ropa oscura u pasamontañas negros sobre sus rostros. Sin palabra de por medio, estos hombres le dispararon a él y su acompañante. Huyeron por los cerros.
Algo más: a las 11 horas con 21 minutos y 41 segundos, las cámaras de C-4 instaladas en Periférico Benito Juárez a la altura del cruce con la carretera federal Igual-Taxco captaron una camioneta de la policía municipal en cuya batea viajaban civiles.
Cerca de ahí se encontraron los camiones y vehículos baleados y dos estudiantes muertos.
EL EJERCITO ESTUVO ALLÍ, SEGUNDA PARTE
A las 2.40 de la madrugada del 27 de septiembre, soldados del 27 Batallón de Infantería apostado en Iguala se encontró con dos hombres muertos entre Periférico Norte y la calle Juan N. Álvarez.
La agitada noche para los funcionarios de la Fiscalía continuó en el sitio. Habían, abandonados, una camioneta Nissan modelo Urban, tres autobuses —dos de la empresa Estrella de oro y uno más de Costa Line, así que eran los camiones tomados y usados por los alumnos de Ayotzinapa— , un Chevy, una moto Yamaha, una camioneta Ford y un Pointer de Volkswagen.
Todos los vehículos estaban agujerados por bala, presumiblemente calibre .223, propio del fusil AR-15. Y dos cadáveres más: Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
A la misma hora, 2.40 de la mañana, un agente del Ministerio Público recibió una llamada telefónica del Hospital General Jorge Soberón Acevedo —recuérdese que la llamada anterior, realizada desde la misma clínica— dando parte del ingreso de 11 heridos, todos relacionados con el equipo de futbol Avispones de Chilpancingo.
29
de septiembre. Una de las primeras manifestaciones en Chilpancingo por
los desaparecidos. Era una marcha denominada “Silencio por La Paz”. Los
muchachos colocaron veladoras bajo la lluvia. Foto: Cuartoscuro
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A las seis de la mañana, a nueve horas del primer tiroteo en el que emboscaron a los estudiantes de Ayotzinapa, policías municipales comparecieron por primera vez ante el ministerio público. A la vez, 142 agentes de Iguala fueron presentados en el Cuartel Regional de la Policía Estatal con sede en Iguala.Siete testigos identificaron físicamente a sus agresores y 13 más aseguraron que sus atacantes fueron policías municipales quienes, de acuerdo con la investigación dispararon contra los muchachos en al menos 193 ocasiones.
Diecinueve elementos dieron positivo a la prueba de radizonato de sodio con lo que se acreditó, según el fiscal, que en las horas inmediatas anteriores al examen dispararon armas de fuego. Las armas disparadas por algunos de ellos compaginaron en el laboratorio de balístico con las balas extraídas a los cadáveres.
Los inculpados están presos en el Centro de Reinserción Social de las Cruces.
EL EJÉRCITO ESTUVO ALLÍ, TERCERA PARTE
Los soldados siguieron por la brecha de terracería conocida como Camino del Andariego, una terracería arriba de la Coca Cola, en la Ciudad Industrial de Iguala. Eran las 9.30 de la mañana cuando vieron el cuerpo de Julio César Mondragón Fontes: playera roja, pantalones de mezclilla azul.
Caminaron al bulto y descubrieron su cabeza sin rostro, con los ojos arrebatados de las cuencas.
“Se le apreciaron múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo (…) se determinó como causa de muerte edema cerebral por múltiples fracturas de cráneo producidas por agente contundente”.
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