NOTA DEL BLOG:
Durante la movilización militar de los días 22, 23 y 24 de julio
pasado, los efectivos de la Marina “levantaron” en el municipio de Díaz
Ordaz, en Camargo y otros de la Frontera Chica al menos a una veintena
de personas.
Sobre esa redada nada se informó. Esos operativos de la Marina,
policías federales y estatales para privar de su libertad a civiles y
los choques a tiros eran una más de las cotidianas escenas de violencia
que se registran en Tamaulipas.
Esos hechos pasaron inadvertidos para la mayoría de la sociedad
mexicana gracias al millonario presupuesto que manejó durante la
administración del exgobernador Egidio Torre Cantú el director de
Comunicación Guillermo Martínez, con el cual compró a los dueños de los
medios locales y destinó onerosos contratos de publicidad para la
“prensa nacional”.
Marina y policías se los llevaron vivos… aparecieron incinerados en Tamaulipas
El secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz. Foto: Octavio Gómez
Marina y policías se los llevaron vivos… aparecieron incinerados en Tamaulipas
NUEVO LAREDO, Tamps. (apro).-
Para concretar la venta de un Taurus
2012, Joel Sebastián Cancino, de 48 años, salió de Reynosa rumbo al
municipio vecino de Díaz Ordaz al filo de las 2 de la tarde del 22 de
julio pasado.
Cerca de las 16:00 se comunicó con su familia para avisar que ya
había vendido el auto en 17 mil pesos, y les pidió vinieran a recogerlo.
Quedó con su hijo menor y una de sus trabajadoras de esperarlos frente
al motel Buda, ubicado muy cerca de la carretera que conecta a Díaz
Ordaz con Reynosa.
Alrededor de las 17:00 horas arribó su hijo al sitio indicado
acompañado de la mujer. En la zona se registraba una gran movilización
de vehículos y helicópteros de la Marina Armada de México.
Metros antes de estacionarse frente al hotel, observaron cuando
efectivos de la Marina interrogaban brevemente a Sebastián Cancino para
luego subirlo con violencia a una de sus unidades, donde llevaban a
otras personas detenidas.
Horas después su esposa comenzó el peregrinar por diversas dependencias para localizar a su marido, donde le negaban que estuviera preso. Dos días posteriores a su “detención” fue localizada una camioneta abandonada en una bodega en un ejido cercano a Díaz Ordaz.Joel Sebastián apareció incinerado junto con otro hombre, quien fue identificado como Jonathan Camacho Perales. Las autoridades aseguraron que era Cancino porque encontraron su cartera cerca del vehículo, intacta, con su identificación del IFE, tarjetas de créditos de tiendas departamentales, licencia de conducir, etcétera.
13 muertos en tiroteos
Un día antes, el 21 de julio pasado, se registró un enfrentamiento
entre presuntos miembros del Cártel del Golfo y policías federales en la
comunidad rural de Raúl Muñiz, aledaña a Reynosa. Pistoleros que se
desplazaban en cuatro vehículos intercambiaron disparos con los
uniformados. Los tripulantes de tres de los vehículos lograron escapar,
pero los del cuarto se enfrascaron en un nutrido tiroteo con los
agentes. Al final de la refriega se reportó un saldo de siete presuntos
miembros del CDG abatidos.
Para la mañana siguiente se registró una intensa movilización de
fuerzas federales y estatales encabezadas por la Marina para localizar a
los hombres que huyeron en los tres vehículos. Los efectivos buscaban
en zonas aledañas a Díaz Ordaz y el operativo se extendió por toda la
Frontera Chica hasta el municipio de Camargo.
En un camino vecinal de Díaz Ordaz, militares se toparon con
presuntos sicarios que trataban de deshacerse de un cuerpo. Al verse
descubiertos, los pistoleros comenzaron a disparar contra los elementos
castrenses.
La información que trascendió a la prensa fue que los pistoleros abordaron dos vehículos que “repentinamente se incendiaron”. Al menos seis hombres murieron incinerados, aseguró el parte oficial.El portal estadunidense Breitbart Texas reportó que fuentes policiales le aseguraron “que los militares habían utilizado un lanzagranadas durante el enfrentamiento”.NOTA DEL BLOG: ESTA INFORMACION SALIÒ REALMENTE DE EXPERTOS EN BALISTICA QUE ASEGURARON QUE SE HABIAN UTILIZADO LANZAGRANADAS de calibre 40 LINK A LA INFO
Posteriormente se localizó la bodega donde estaban Cancino y un segundo hombre calcinados.Sobre ese hallazgo, el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) se concretó a informar en un escueto comunicado: “A las 9:00 horas del sábado 23 de julio se reportó que en una bodega abandonada y ubicada en el poblado de Valadeces, perteneciente al municipio de Gustavo Díaz Ordaz, se encontraban los cuerpos calcinados de dos personas a bordo de un tractocamión”.“Hasta el momento los cuerpos no han sido identificados. Se desconocen las causas del incidente y quién o quiénes hayan sido los autores del mismo. Personal de la Policía Ministerial Investigadora del municipio de Miguel Alemán y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional tomaron conocimiento de los hechos”.Operativo para “levantar” civiles
Durante la movilización militar de los días 22, 23 y 24 de julio
pasado, los efectivos de la Marina “levantaron” en el municipio de Díaz
Ordaz, en Camargo y otros de la Frontera Chica al menos a una veintena
de personas.
Sobre esa redada nada se informó. Esos operativos de la Marina,
policías federales y estatales para privar de su libertad a civiles y
los choques a tiros eran una más de las cotidianas escenas de violencia
que se registran en Tamaulipas.
Esos hechos pasaron inadvertidos para la mayoría de la sociedad
mexicana gracias al millonario presupuesto que manejó durante la
administración del exgobernador Egidio Torre Cantú el director de
Comunicación Guillermo Martínez, con el cual compró a los dueños de los
medios locales y destinó onerosos contratos de publicidad para la
“prensa nacional”.
Posteriormente de las capturas de la Marina y la policía estatal,
decenas de familiares de los detenidos se presentaron ante las
autoridades ministeriales de Díaz Ordaz en busca de ayuda para localizar
a sus parientes.
Es el caso de Dionisia Galaviz Olivares, de 57 años, quien busca a su
hijo Emilio Saavedra Galaviz, de 23 años, detenido a las 21:30 del
viernes 23 de julio de 2016 en el ejido Puertecito, del municipio de
Camargo, cuando se encontraba conviviendo con su hermano y otro amigo.
Los efectivos militares liberaron al amigo y al hermano, pero Emilio Saavedra fue golpeado y se lo llevaron detenido.
Galaviz Olivares denunció que los militares amenazaron con causar
daño a su familia si hacía públicos los hechos. Hasta ahora se desconoce
su paradero.
Emily Lizbeth Rentería Lerma, de 17 años, también se presentó al MP
de Díaz Ordaz para denunciar que su esposo Juan Antonio Díaz Bocanegra,
de 23 años, se encontraba descansando en su casa del ejido Marte R.
Gómez, cuando cerca de las 8:30 horas del viernes 23 de julio llegaron
tres patrullas y una camioneta blanca Chevrolet Tahoe blanca, donde los
policías se llevaron a su cónyuge.
Los efectivos policiacos también amenazaron con regresar por ella y su familia si denunciaban los hechos.
Otra de las víctimas, Arely Treviño Salazar, de 18 años y esposa de
Jonathan Camacho Perales, de 28, denunció ante las autoridades que se
encontraban en el ejido Lucio Blanco cuando a las 2:00 horas del jueves
22 arribaron presuntos elementos de seguridad, quienes se llevaron a su
marido.
Dos días después Camacho Perales fue localizado incinerado junto con
Joel Sebastián Cancino. Fue identificado debido a que sus credenciales
también aparecieron intactas en una zona de la bodega.
Arely Treviño desconfió de que el cuerpo incinerado que le entregaron
fuera el de su esposo y solicitó a la delegación de la PGR en Reynosa
que se realizara la prueba de ADN.
Entre los desaparecidos del 23 y 24 de julio del 2016 se encuentran
también dos ciudadanos extranjeros: un estadunidense llamado Cenobio
Guerra Gutiérrez y un joven originario de Costa Rica, Sergio Ricardo
Jiménez Fallas, quien también apareció calcinado.
El Consulado de Estados Unidos en Matamoros se comunicó con la
delegación de la PGR en Reynosa para conocer sobre el paradero de Guerra
Gutiérrez, mientras que la embajada de Costa Rica buscó a Sergio
Ricardo Jiménez.
“Las madres y esposas de los detenidos coincidieron en manifestar que
si sus familiares cometieron algún delito que se les aplique la ley,
pero que no los desaparezcan o los maten en ejecuciones
extrajudiciales”, publicó en esos días el diario El Mañana de Reynosa.
Las familias igual anunciaron que solicitarían ayuda de la CNDH para
localizar a sus familiares, ya que no confiaban en las autoridades
locales para buscar justicia.
Sobre los casos de los desaparecidos en Díaz Ordaz, la CNDH no respondió la petición de Apro para conocer cuántas denuncias tienen sobre desaparecidos en ese municipio.
Cadena de irregularidades
A diferencia de la capital del país, donde medios de comunicación,
organizaciones civiles y políticos exigen que los militares dejen de
vigilar las calles, en Tamaulipas –y la región noreste–, los ciudadanos
inician sus jornadas escribiendo en sus redes sociales bendiciones y
oraciones para los efectivos de la Marina y Ejército Mexicano, ya que
los consideran la única opción para combatir la inseguridad y la
violencia que provocan el crimen organizado.
No obstante, esa confianza se continúa perdiendo día a día debido a
los constantes “daños colaterales” y a las “equivocaciones” en las que
los militares cotidianamente confunden a ciudadanos inocentes con
criminales, durante sus operativos para combatir a los delincuentes.
En los casos de los detenidos por la Marina que posteriormente
aparecieron incinerados existe una cadena de irregularidades para
encubrir que fueron capturados por las fuerzas federales.
La Justicia Militar ya investiga el caso en la carpeta de investigación CI-SGJN/SC/NADV/2016-1.
Apro solicitó a la Secretaría de Marina información
sobre la investigación, pero el departamento de comunicación no
respondió a la petición que se hizo por escrito.
Además de ocultar el caso, autoridades de la PGR pusieron en marcha
todo tipo de argucias para presentar como criminales a los desaparecidos
y a los civiles que aparecieron calcinados.
Destaca el caso de Sebastián Cancino. La autoridad que debió
investigar su asesinato era la PGR. No sobra decir que no realizó alguna
investigación.
Peor aún, la fiscal Viridiana Guadalupe Pérez Merinos de esta
dependencia se atribuyó funciones que no le correspondían y giró oficios
al Registro Civil para que aceptara actas de defunción con
irregularidades sobre los fallecidos Sebastián Cancino y del joven
costarricense.
En un oficio de la delegación de la PGR, la fiscal Pérez Merinos ordena al oficial de Registro Civil de Reynosa:
“Gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que
se reciban los certificados de defunción con número de folio 160708377 y
160708378, modelo 2016, expedidos por la Secretaría de Salud, a nombre
de los CC Joel Sebastián Cancino y Sergio Ricardo Jiménez Fallas
respectivamente; a fin de que conforme a sus facultades, dé el trámite
correspondiente a las respectivas actas de defunción”.
Las actas de defunción que la fiscal ordenó dar tramitar ni siquiera
registraron la fecha de su muerte, entre otras irregularidades.
La fiscal también se encargó de presentar a los ciudadanos inocentes como miembros del crimen organizado.
El resto de las autoridades de Tamaulipas también protegieron a los
marinos y los policías que desaparecieron a los más de 20 “detenidos”.
En una de las múltiples quejas, la número 227/2014, que se presentó
ante la Comisión de los Derechos Humanos de Tamaulipas por casos
similares a los de Díaz Ordaz, se precisa:
“Agentes de la policía estatal intervinieron en su desaparición, pero
en la Secretaría de Seguridad Pública se niegan a proporcionar los
datos de identidad de los policías que laboraron el día de los hechos,
argumentando que es información confidencial”.
Esa era la constante durante la gestión de Egidio Torre Cantú. Desde
la Procuraduría de Justicia se desalentó a que las familias denunciaran a
sus parientes desaparecidos. Les recomendaban que no lo hicieran porque
podría ser peligroso para ellos. Incluso muchos casos quedaron
registrados con otros delitos como “robos”.
A pesar de los intentos de borrar de las estadísticas la violencia,
Tamaulipas es la entidad del país con la mayor cantidad de personas de
quienes se desconoce su paradero.
Las familias tamaulipecas padecen una gran tragedia humanitaria con
padres, hermanos e hijos desaparecidos, ya que desde el 2010 a la fecha
han desaparecido oficialmente más de 5 mil 450 personas.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que al menos existen
unas 2 mil víctimas más cuyos casos no fueron denunciados, y por lo
tanto no son reconocidas así por las autoridades.
Algunos de los familiares de Díaz Ordaz afectados decidieron hacer a
un lado el miedo y los obstáculos que les impusieron desde la PGR y la
SSP, a y ahora preparan denuncias contra los funcionarios ante la
justicia federal y exigen al gobierno de Francisco Javier García Cabeza
de Vaca que cumpla su palabra de atender los casos de los miles de
desaparecidos.
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