NOTA DEL BLOG:
Re-leyendo el articulo 7 meses después y analizando lo que ha pasado en ese lapso en Veracruz se dá uno cuenta de que tambien hay una PRI-cloaca igual o peor que la de Tamaulipas
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Recordando a
Miguel Angel Granados Chapa:
murió el 16 de oct del 2011
aqui su último "tuit"dedicado al Gobierno de VERACRUZ
Cada día es más claro que el gobierno de Veracruz ha
organizado, o consentido, a un escuadrón de la muerte. bit.ly/p6cWVp
— Granados Chapa (@granadoschapa) octubre 4, 201
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Curiosamente Don Miguel Ángel Granados Chapa en ese tuit puso un link a otra
página, pero aqui abajo está la publicación refiriendose a Javier Duarte y su
escuadrón de la muerte "los matazetas"
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Recopilado de
PLAZA PÚBLICA
Oaxaca de Juárez, 3 de octubre.
Miguel Ángel Granados Chapa
Escuadrón de la muerte
Presentados a sí mismos como matazetas, los probables asesinos de 35 personas en Boca del Río, Veracruz, parecen tener el perfil de un escuadrón de la muerte. Es decir, un grupo dedicado a privar de la vida a indeseables, al margen de la ley, dizque para hacer más eficaz el combate a la delincuencia.
Miguel Ángel Granados Chapa
Escuadrón de la muerte
Presentados a sí mismos como matazetas, los probables asesinos de 35 personas en Boca del Río, Veracruz, parecen tener el perfil de un escuadrón de la muerte. Es decir, un grupo dedicado a privar de la vida a indeseables, al margen de la ley, dizque para hacer más eficaz el combate a la delincuencia.
El
gobernador de aquel estado, Javier Duarte, lo anunció claramente el 20 de septiembre mismo.
Lo hizo tan sin equívocos que parecía haberse equivocado. Pero cada día es más
claro que su gobierno ha organizado, o consentido, a este escuadrón de la
muerte. Duarte dijo que los 35 cadáveres esparcidos en la calle de la zona
metropolitana de Veracruz eran muestra de que se combatía eficazmente a la
delincuencia.
Un hecho concreto refuerza el vínculo entre la policía
intermunicipal de Veracruz-Boca del Río con ese asesinato.
El 14 de septiembre, una
semana antes de que fueran arrojados como basura los cuerpos de 35 individuos,
el jovencito Alan Michel
Jiménez Velásquez fue capturado por uniformados a bordo de la patrulla 717. Su
madre trató de impedir el
arresto, que se producía sin ninguna orden judicial y en los días siguientes se
dedicó a buscar al adolescente. Llegó al extremo de acudir al
servicio forense donde se hallaban los 35 cuerpos y uno de ellos era el de su hijo. La policía no
ha explicado cómo una persona detenida por sus agentes aparece después
asesinada. Tiene que exhibir el parte del día 14 para que
se conozcan las razones de la captura de Alan Michel y su destino: si fue dejado
en libertad, si quedó a disposición del Ministerio Público.
Esperar que eso ocurra es ingenuo (aunque no por ello haya que dejar de demandarlo). Proporcionar tal informe y explicación rompería la lógica con que el gobierno veracruzano ha querido presentar el caso. El procurador Reynaldo Escobar dijo que todos los asesinados tenían antecedentes penales. El polémico diario Notiver publicó el viernes pasado una lista de las víctimas, cuyos antecedentes contradicen la información oficial. Veinticuatro muertos no aparecen ligados de ninguna manera a la delincuencia.
Todos ellos fueron detenidos, quizá, del modo en que ocurrió a Alan Michel. Después de la captura, o los propios agentes policiacos, en un desdoblamiento de su personalidad se invistieron de matazetas y lo asesinaron, o lo entregaron al grupo que se mostró en un video como un núcleo que trabaja en pro de la seguridad en Veracruz. Claro que en ese mensaje videograbado, los matazetas se abstienen de decir de sí mismos que se dedican a otras actividades delincuenciales, no sólo a proveer tranquilidad a los veracruzanos.
El escuadrón de la muerte procedió con extrema crueldad, con barbarie, para asesinar a sus víctimas. Las privó de la vida en Santa Fe, poblado a unos 30 kilómetros de Veracruz. Según informó el diario Reforma el viernes pasado, ninguno de los muertos fue ultimado a balazos. Los mataron a golpes asestados con objetos contundentes, como tubos y palos. Otros murieron asfixiados pues se les mantuvo encerrados en un contenedor.
"Los cuerpos presentaban quemaduras de metal en el torso y las piernas debido a que fueron recargados en el contenedor para ser atados de manos con precintos de seguridad de plástico". Con información obtenida "en fuentes cercanas a las investigaciones", Reforma dice que "los precintos de plástico han sido usados por cuerpos de seguridad institucionales y por efectivos de la Marina y el Ejército.
""Esos precintos sólo los tienen en Estados Unidos o los usan fuerzas especiales de aquí: Marina o el Ejército", consideró la fuente estatal que tuvo acceso a las primeras indagatorias y que pidió omitir su nombre".
La información añade que "los cuerpos tenían también rastros de tierra, al parecer por haber sido arrastrados y para luego subirlos a las camionetas de redilas", de donde se les arrojó al arroyo en la plazoleta de los Voladores de Papantla.
Reforma concluye, en información que ratifica el que no eran zetas los asesinados, que "entre los cuerpos había taxistas y policías locales, así como personas dedicadas a la prostitución y al narcomenudeo".
Como queriendo exorcizar con palabras este nuevo aspecto de la violencia, el gobierno federal negó que los matazetas sean un grupo paramilitar, y más ampliamente consideró que "no existen ningunos indicios (sic) de que exista este tipo de fenómeno". Las palabras de Alejandra Sota, la vocera presidencial, quizá corresponden a la formalidad doctrinal. Un grupo paramilitar es una banda de asesinos que, organizados por el Ejército, con aquiescencia o no del gobierno, y dotados de entrenamiento y equipo propios de las Fuerzas Armadas, realizan acciones al margen de la ley que el Ejército no puede asumir. Ciertamente, no tenemos noticia de que militares hayan optado por crear estas pandillas de asesinos. Las hubo en Chiapas durante el gobierno del presidente Zedillo, en la guerra sucia contra el zapatismo armado y sus bases de acompañamiento.
Pero la denominación es lo de menos. Lo ocurrido en Veracruz muestra todos los visos de una agrupación asesina solapada y aun organizada por un gobierno. Se pretendería que su acción contribuya a disminuir la violencia que hierve y crece en Veracruz. Y como el hartazgo hace que se prefiera el orden sobre los derechos humanos, el activismo de un escuadrón de la muerte sería recibido, si no con aplausos porque no es políticamente correcto, sí con silencioso beneplácito, en el entendido de que es sano "que se maten entre ellos".
Cajón de Sastre
No pasará de este semana, puesto que el proceso electoral empieza el viernes próximo, que los diputados designen a los tres consejeros electorales que han faltado en el IFE desde hace 11 meses. Es seguro, en consecuencia, que el PRI imponga la designación de dos miembros del Consejo General del IFE, uno que corresponderá directamente a sus intereses y otra a los de Televisa. Ya desde el año pasado se tenía claro que Arely Gómez -a cuyo hermano Leopoldo se le ve cada miércoles por la noche dirigiendo el programa de título sincero, Tercer Grado- sería la representante de ese consorcio ante el órgano electoral. Ahora que está en curso, ya casi de manera formal, la candidatura fabricada por Televisa, se requiere reforzar la representación del duopolio en el IFE, convertida en quintacolumna frente a los embates de la CIRT.
Esperar que eso ocurra es ingenuo (aunque no por ello haya que dejar de demandarlo). Proporcionar tal informe y explicación rompería la lógica con que el gobierno veracruzano ha querido presentar el caso. El procurador Reynaldo Escobar dijo que todos los asesinados tenían antecedentes penales. El polémico diario Notiver publicó el viernes pasado una lista de las víctimas, cuyos antecedentes contradicen la información oficial. Veinticuatro muertos no aparecen ligados de ninguna manera a la delincuencia.
Todos ellos fueron detenidos, quizá, del modo en que ocurrió a Alan Michel. Después de la captura, o los propios agentes policiacos, en un desdoblamiento de su personalidad se invistieron de matazetas y lo asesinaron, o lo entregaron al grupo que se mostró en un video como un núcleo que trabaja en pro de la seguridad en Veracruz. Claro que en ese mensaje videograbado, los matazetas se abstienen de decir de sí mismos que se dedican a otras actividades delincuenciales, no sólo a proveer tranquilidad a los veracruzanos.
El escuadrón de la muerte procedió con extrema crueldad, con barbarie, para asesinar a sus víctimas. Las privó de la vida en Santa Fe, poblado a unos 30 kilómetros de Veracruz. Según informó el diario Reforma el viernes pasado, ninguno de los muertos fue ultimado a balazos. Los mataron a golpes asestados con objetos contundentes, como tubos y palos. Otros murieron asfixiados pues se les mantuvo encerrados en un contenedor.
"Los cuerpos presentaban quemaduras de metal en el torso y las piernas debido a que fueron recargados en el contenedor para ser atados de manos con precintos de seguridad de plástico". Con información obtenida "en fuentes cercanas a las investigaciones", Reforma dice que "los precintos de plástico han sido usados por cuerpos de seguridad institucionales y por efectivos de la Marina y el Ejército.
""Esos precintos sólo los tienen en Estados Unidos o los usan fuerzas especiales de aquí: Marina o el Ejército", consideró la fuente estatal que tuvo acceso a las primeras indagatorias y que pidió omitir su nombre".
La información añade que "los cuerpos tenían también rastros de tierra, al parecer por haber sido arrastrados y para luego subirlos a las camionetas de redilas", de donde se les arrojó al arroyo en la plazoleta de los Voladores de Papantla.
Reforma concluye, en información que ratifica el que no eran zetas los asesinados, que "entre los cuerpos había taxistas y policías locales, así como personas dedicadas a la prostitución y al narcomenudeo".
Como queriendo exorcizar con palabras este nuevo aspecto de la violencia, el gobierno federal negó que los matazetas sean un grupo paramilitar, y más ampliamente consideró que "no existen ningunos indicios (sic) de que exista este tipo de fenómeno". Las palabras de Alejandra Sota, la vocera presidencial, quizá corresponden a la formalidad doctrinal. Un grupo paramilitar es una banda de asesinos que, organizados por el Ejército, con aquiescencia o no del gobierno, y dotados de entrenamiento y equipo propios de las Fuerzas Armadas, realizan acciones al margen de la ley que el Ejército no puede asumir. Ciertamente, no tenemos noticia de que militares hayan optado por crear estas pandillas de asesinos. Las hubo en Chiapas durante el gobierno del presidente Zedillo, en la guerra sucia contra el zapatismo armado y sus bases de acompañamiento.
Pero la denominación es lo de menos. Lo ocurrido en Veracruz muestra todos los visos de una agrupación asesina solapada y aun organizada por un gobierno. Se pretendería que su acción contribuya a disminuir la violencia que hierve y crece en Veracruz. Y como el hartazgo hace que se prefiera el orden sobre los derechos humanos, el activismo de un escuadrón de la muerte sería recibido, si no con aplausos porque no es políticamente correcto, sí con silencioso beneplácito, en el entendido de que es sano "que se maten entre ellos".
Cajón de Sastre
No pasará de este semana, puesto que el proceso electoral empieza el viernes próximo, que los diputados designen a los tres consejeros electorales que han faltado en el IFE desde hace 11 meses. Es seguro, en consecuencia, que el PRI imponga la designación de dos miembros del Consejo General del IFE, uno que corresponderá directamente a sus intereses y otra a los de Televisa. Ya desde el año pasado se tenía claro que Arely Gómez -a cuyo hermano Leopoldo se le ve cada miércoles por la noche dirigiendo el programa de título sincero, Tercer Grado- sería la representante de ese consorcio ante el órgano electoral. Ahora que está en curso, ya casi de manera formal, la candidatura fabricada por Televisa, se requiere reforzar la representación del duopolio en el IFE, convertida en quintacolumna frente a los embates de la CIRT.
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