NOTA DEL BLOG: SE LE COMPLICA LA SITUACION A MAKI ORTIZ:
SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI EXHORTAN A LA PGR A INVESTIGAR A LOS FAMILIARES DE MAKI ORTIZ -PRESIDENTA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS- A INVESTIGAR SOBRE ACUSACIONES SOBRE TRATA DE BLANCAS Y COBRO DE CUOTAS EN LA ZONA DE TOLERANCIA DE ESA CIUDAD FRONTERIZA
INFO SOBRE LOS SEÑALAMIENTOS LINK Y VIDEO
FUENTE SENADOGOBMX
PUNTO DE ACUERDO
Único. El Senado
de la República el Senado de la República exhorta respetuosamente a la
Procuraduría General de la República para que en el marco de sus
funciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en
relación a la presunta participación de familiares de la Alcaldesa de
Reynosa, Tamaulipas, en la comisión de trata de personas y cobro de
cuotas en diversos inmuebles ubicados en la zona de tolerancia conocida
como “Disneylandia”, a fin de que se esclarezcan los hechos y se
deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 07 del mes de febrero del año dos mil dieciocho.
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| Jueves 8 de Febrero de 2018 Gaceta: LXIII/3SPO-72/78545 |
De
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría
General de la República a llevar a cabo las investigaciones
correspondientes en relación a la presunta participación de familiares
de la Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, en la comisión de trata de
personas y cobro de cuotas en diversos inmuebles ubicados en la zona de
tolerancia conocida como “Disneylandia”, a fin de que se esclarezcan los
hechos y se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho
procedan.
Proposición con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General
de la República para que en el marco de sus funciones, lleve a cabo las
investigaciones correspondientes en relación a la presunta
participación de familiares de la Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, en
la comisión de trata de personas y cobro de cuotas en diversos
inmuebles ubicados en la zona de tolerancia conocida como
“Disneylandia”, a fin de que se esclarezcan los hechos y se deslinden
las responsabilidades que conforme a derecho procedan.
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del
pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las
siguientes:
Consideraciones
A finales de diciembre del año 2017, en diversos medios de
comunicación se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Tamaulipas inició una investigación por el presunto
delito de trata de personas en inmuebles ubicados en la zona de
tolerancia del municipio de Reynosa y que uno de dichos
establecimientos es copropiedad de Carlos Luis Peña Garza, quien es
cónyuge de la Alcaldesa de dicha demarcación, Maki Esther Ortíz
Domínguez [*] .
Sobre el particular, la Procuraduría Estatal señaló que la
investigación se dio a partir de una denuncia pública en la cual se
estableció la comisión de diversas irregularidades y probables delitos
dentro de los inmuebles ubicados en la zona conocida como
“Disneylandia” y que al menos uno es copropiedad del esposo de la
Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas. Asimismo, explicó que debido a la
naturaleza de las conductas ilícitas, correspondería la intervención de
las autoridades estatales y federales, sin que las últimas hubiesen
sido notificadas.
Por último, precisó que se tiene conocimiento de que la propiedad
corresponde a una donación realizada en el año 2012 en favor del
cónyuge de la Alcaldesa y a dos de sus cuñados, destacando que la
regulación administrativa y de vigilancia sanitaria en la zona de
tolerancia le corresponde a una función municipal, es decir, a Maki
Esther Ortíz Domínguez, quien en fecha posterior negó la responsabilidad
de su esposo en las imputaciones formuladas.
No obstante, el 25 de enero del año 2018, derivado de una
investigación periodística, nuevamente se volvió a señalar que Carlos
Luis Peña Garza y su familia sí cobran cuotas en diversos bares y
cuartos en los que se ejerce la prostitución. Lo anterior, con base al
testimonio de una persona que incluso manifestó haber participado en la
entrega del dinero recaudado a la familia por afinidad de la presidenta
municipal [*] .
Dicho testimonio se contrapone a las declaraciones vertidas por la
Alcaldesa de Reynosa, quien había negado que su esposo fuese el
administrador del predio referido, y además aseguró que, aunque es de
su propiedad, el mismo fue invadido. Sobre el último aspecto, resulta
oportuno referir que no existe denuncia por el presunto despojo.
Sin embargo, el testigo aseguró conocer al cónyuge de la Alcaldesa
de Reynosa, Tamaulipas, al que manifestó apoyar cobrando rentas en
establecimientos ubicados en la zona de tolerancia que se encuentra
cerca del límite de la frontera con Estados Unidos, donde existen
reiteradas denuncias sobre prostitución infantil, trata de personas,
venta de drogas, actividades de los cárteles de las drogas, extorsión y
presencia de distintas organizaciones criminales.
Ante este panorama, es vital que los hechos sean esclarecidos con
profesionalismo, objetividad, eficacia y respeto a los derechos
humanos. Para ponderar la pertinencia del asunto, basta mencionar que
la trata de personas (considerada como la esclavitud del siglo XXI),
cuyo medio comisivo por excelencia es la fuerza o el engaño, constituye
una problemática mundial que se actualiza en detrimento de la dignidad
de millones mujeres, niñas, niños y hombres con múltiples propósitos.
Según especialistas es el tercer negocio ilícito más redituable a
nivel mundial, sólo detrás del tráfico de drogas y armas. De acuerdo
con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este ilícito
comprende conductas que van desde el trabajo forzoso y el sexo, hasta
otras formas de explotación como la pornografía, prostitución, abuso
laboral, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de
órganos.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que se
presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita,
consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una
persona, por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso
de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios
forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre,
o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. [*]
Por otro lado, resulta igual de importante precisar que si bien es
cierto que todas las personas somos susceptibles de ser víctimas de
este tipo de ilícitos, también lo es que son más vulnerables quienes
forman parte de grupos poblacionales que sufren exclusión,
discriminación, carencias económicas, precariedades afectivas y/o
afectaciones emocionales.
Aunado a lo anterior, es pertinente referir que el artículo 1º de
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en
nuestro país, todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en ella; precisando en su penúltimo párrafo que: Está
prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este
solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Además, en su
último párrafo prohíbe toda discriminación, entre ellas, la que tenga
por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas.
Dentro del mismo orden juicio nacional, contamos con un amplio cumulo
de leyes para sancionar estas conductas, entre las que se encuentran:
la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos; la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia; y la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, por mencionar algunos.
En el contexto internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos [*] señala en su artículo 3 que: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Por lo que respecta al objetivo del presente punto de acuerdo, el
instrumento jurídico en comento, en su artículo 4, dispone que: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Además, en su artículo 5 señala que: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
PUNTO DE ACUERDO
Único. El Senado
de la República el Senado de la República exhorta respetuosamente a la
Procuraduría General de la República para que en el marco de sus
funciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en
relación a la presunta participación de familiares de la Alcaldesa de
Reynosa, Tamaulipas, en la comisión de trata de personas y cobro de
cuotas en diversos inmuebles ubicados en la zona de tolerancia conocida
como “Disneylandia”, a fin de que se esclarezcan los hechos y se
deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 07 del mes de febrero del año dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE
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