NOTA DEL BLOG: Esta informacion no saldrá en el estado de Tamaulipas y NO CREO QUE EL COLUMNISTA DE LA ENTRADA ANTERIOR del BOLG TOQUE EL TEMA ..TAL VEZ LO HARÍA LO HARÍA : SÓLO CON LA INTENCION DE DESCALIFICAR AL OMBUSDMAN NACIONAL ...JUAR POR ESO ESTAMOS COMO ESTAMOS EN TAMAULIPAS PRENSA MAICEADA
YA QUE ESTAN AQUÍ LEAN POR FAVOR DONDE DICE CASO TAMAULIPAS
Situación en Tamaulipas exige ya la intervención de la CNDH
CON INFORMACION DE ELDIARIO DE COAHUILA
domingo, 24 de agosto de 2014
MÉXICO, DF (Apro).- La crisis de inseguridad y violencia que se vive en
diversos estados país, señaladamente en Tamaulipas, alcanzó al
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl
Plascencia Villanueva. Dentro del Consejo Consultivo de la propia CNDH
se busca que el ómbudsman nacional investigue las graves violaciones a
los derechos humanos en ese estado, Michoacán y Guerrero, pues las tres
entidades son consideradas las de mayores fallas por parte del Estado en
cuanto a protección de personas.
En esas entidades, aseguran integrantes del Consejo Consultivo, se da
el mayor número de violaciones a la dignidad humana como consecuencia de
la pérdida de espacios del Estado a manos de grupos delictivos.
Mencionan también al Estado de México, Morelos y Veracruz como otras
regiones donde la CNDH debe realizar investigaciones generales sobre la
situación de los derechos protegidos por la Constitución y por los
instrumentos internacionales de los cuales México forma parte.
Por ahora, en opinión de algunos miembros del Consejo Consultivo, la
prioridad son Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. En esos estados se
pretende que la CNDH ejerza las funciones de investigación que realizaba
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para los casos de
graves violaciones a los derechos humanos.
EL CASO TAMAULIPAS
El documento "10 razones por las que la inseguridad pública en
Tamaulipas representa una violación grave a los derechos humanos", que
está en manos del Consejo Consultivo de la CNDH y fue elaborado por el
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Social,
refleja las violaciones a los derechos humanos de la población estatal
al estar prácticamente sometida por los grupos criminales ante la
omisión de las autoridades.
El documento lo elaboró la misma organización que a principios del
pasado julio le entregó en Matamoros, Tamaulipas, al secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a todo el gabinete de
seguridad, un extenso y pormenorizado informe sobre las distintas formas
en que los grupos delictivos han sometido a la sociedad tamaulipeca
ante la inacción o complicidad de las autoridades estatales.
El informe, elaborado por el sector empresarial y obtenido por Proceso
en el gabinete de seguridad, causó la molestia de Osorio Chong, quien en
la siguiente reunión de evaluación de la Estrategia de Seguridad
Tamaulipas, el 31 de julio en Nuevo Laredo, decidió no convocar al
sector empresarial.
Plascencia también conoce ese informe. Empresarios del estado se lo
entregaron en sus oficinas el pasado 29 de mayo. El presidente del
organismo dijo que lo entregaría a la Quinta Visitaduría. Pero en la
reunión del lunes 18, el ómbudsman omitió informar al Consejo Ciudadano
qué había hecho con esa información.
Al día siguiente Plascencia festejó con el presidente Enrique Peña
Nieto el 15 aniversario de la declaración de autonomía de la CNDH, y el
periódico Reforma publicó su cercanía con el gobernador de Puebla,
Rafael Moreno Valle, quien se encuentra en medio del escándalo por la
muerte de un menor tras la aprobación de la "ley bala" que promovió ante
el Congreso local.
El silencio de Plascencia ante las violaciones a los derechos humanos
en Tamaulipas coincide con los éxitos que Osorio Chong ha atribuido a la
Estrategia de Seguridad Tamaulipas.
OLA DE VIOLENCIA
En la solicitud para que la CNDH realice una investigación en
Tamaulipas, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia
Social asegura que la ola de violencia que afecta al país ha tenido sus
peores manifestaciones contra la población civil de la entidad, como en
el caso de las matanzas de San Fernando, de 72 personas en 2010 —en su
mayoría migrantes centroamericanos— y de 193 más encontradas en fosas
clandestinas en 2011.
De acuerdo con el documento referido, las matanzas han seguido, aunque
no han llamado la atención nacional e internacional como lo ocurrido en
San Fernando, cuya investigación por parte de ese organismo terminó en
un litigio con algunos familiares de las víctimas, que consideraron
insuficiente y parcial la recomendación elaborada por la CNDH.
Otro argumento del Consejo Ciudadano es que más de mil personas
inocentes han sido asesinadas por los grupos delictivos desde 2010 y más
de 600 se encuentran desaparecidas, además de todas aquellas que de
forma "masiva y sistemática" son sometidas al expolio.
Estima que las ganancias de los grupos de extorsión alcanzan, "por lo
menos", 3 mil 500 millones de pesos al año como resultado de robos,
secuestros, extorsiones y monopolio de actividades ilícitas, como el
pago del "derecho de piso" que deben entregar "miles de unidades
económicas, y si no son todas es porque los grupos criminales aún no
tienen la capacidad operativa anhelada".
Un caso es el de la industria maquiladora, a la que los grupos
delictivos han empezado a controlar a través de "la captura de
sindicatos, la extorsión de proveedores y la imposición de servicios".
Es más, dice, los líderes sindicales de las maquiladoras han empezado a
ser impuestos por los grupos delictivos. Advierte que un ataque contra
esa actividad económica, que provee la mayoría de los empleos formales
en el estado, "provocaría su salida súbita y masiva del país".
COMPLICIDAD
Como una de las graves violaciones a la dignidad humana menciona los
secuestros. Dice que el año pasado las autoridades registraron el plagio
de 793 personas, pero el documento en manos del Consejo Consultivo de
la CNDH indica que una cifra más real llega a casi mil 600 personas.
Además están los casos de mil 824 migrantes. "Por todos los secuestros,
los grupos delictivos obtuvieron al menos 218 millones de pesos el año
pasado".
Para dimensionar la crisis en seguridad en el estado, señala que de las
3 mil víctimas de secuestro en todo el país que el Ejército rescató
entre 2009 y el 31 de marzo pasado, más de la mitad fueron en
Tamaulipas. La alta incidencia se mantuvo en el primer semestre del año,
cuando ya habían sido rescatadas 648 personas en la entidad. Más grave
es que en sólo dos años (de 2012 a 2014), 48 víctimas de secuestro han
sido asesinadas o desaparecidas.
En lo que alude como una complicidad del Estado mexicano, refiere que
los grupos criminales "han establecido un estado de sitio por el control
que tienen de carreteras, caminos y calles", además de que ponen
retenes, catean, golpean y levantan a quien deseen. Comunidades
completas han sido obligadas a desplazarse en varios municipios,
asegura.
"Esta situación sólo pudo ser posible por la colusión de los
gobernantes estatales y municipales con los grupos criminales, que
controlan las policías, el Ministerio Público, las prisiones y otras
áreas estratégicas de la administración".
Como otra forma de violación grave a los derechos humanos en Tamaulipas
menciona la situación de la prensa estatal y local. Sostiene que la
mayoría de las agresiones letales contra periodistas del país en los
últimos 15 años han ocurrido en ese estado. Añade: "Hoy los medios
locales presentan un panorama falso de la inseguridad en el estado. Las
redes sociales han sido la alternativa ante la mordaza, pero también han
sufrido el terror".
Frente a la situación en Michoacán, que llevó al gobierno de Peña Nieto
a designar a Alfredo Castillo comisionado federal, que prácticamente
está por encima del gobierno estatal, el documento en manos del Consejo
Consultivo de la CNDH asegura que la situación en Tamaulipas es peor que
la de aquel estado, por lo que considera "probable que sectores
sociales desesperados recurran a la autodefensa armada", pero con una
dureza mayor por parte del Estado mexicano ante esa protesta que hacia
los grupos criminales.
Los ministros de la SCJN en retiro, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y
Mariano Azuela son ahora integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH,
cuya primera facultad es establecer los lineamientos generales de
actuación del organismo.
El lunes 18, durante una reunión del Consejo Consultivo que preside
Plascencia, ambos ministros pidieron que el caso de Tamaulipas sea
investigado ya por la CNDH. Plascencia pospuso la discusión para el 8 de
septiembre.
Como integrantes en su momento del pleno del máximo tribunal del país,
Azuela y Ortiz tomaron parte en casi todas las discusiones en las cuales
la SCJN investigó casos de graves violaciones a los derechos humanos.
CASOS INVESTIGADOS
Así ocurrió con la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, de 1996; los
enfrentamientos policiacos con movimientos sociales en Oaxaca y San
Salvador Atenco, en el Estado de México, en 2006, cuando el ahora
presidente Enrique Peña Nieto gobernaba esa entidad; la detención ese
mismo año de la periodista y activista Lydia Cacho por órdenes del
entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y el incendio de la
guardería ABC, en 2009.
Con la facultad que le daba el artículo 97 de la Constitución, la SCJN
realizó esas investigaciones por considerar que en tales hechos se
habían cometido graves violaciones a la dignidad humana.
Pero esa facultad le fue transferida en 2010 a la CNDH por una reforma
constitucional, y es a la que ahora apelan algunos miembros del Consejo
Consultivo para que Plascencia investigue la presunta responsabilidad
del Estado, por acto u omisión, en las violaciones a los derechos
humanos en esas entidades, materializadas en ejecuciones
extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, secuestros,
desplazamientos de poblaciones o extorsiones.
Aunque esas violaciones son atribuidas en su mayoría a los grupos
delictivos, el Estado no puede sustraerse de la responsabilidad en la
pérdida del goce de los derechos de la población en dichas entidades,
dice a Proceso Ortiz Mayagoitia.
Explica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido
jurisprudencia respecto a la responsabilidad de los Estados que forman
parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo es México,
en los casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por
particulares, ya sea por omisión, aquiescencia o colaboración.
La ONU también ha establecido los Principios y Directrices Básicos
sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las
Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves al
Derecho Internacional Humanitario al Interponer Recursos y Obtener
Reparaciones, como en los casos de ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas o desplazamientos de comunidades.
Uno de esos principios señala que los Estados tienen la obligación de
investigar y, si hay pruebas, enjuiciar a los presuntos responsables de
las violaciones y si se les declara culpables, la obligación de
castigarlos.
UN CONSEJO ACTIVO
El Consejo Consultivo de la CNDH está integrado por 10 miembros
honorarios designados por la Cámara de Senadores. Sus actuales
integrantes son, además de Ortiz Mayagoitia y Azuela, el empresario
Alfredo Achar Tussie, la académica y activista Mariclaire Acosta y el
académico experto en migraciones Jorge Bustamante.
También forman parte del Consejo la presidenta de la Comisión Mexicana
de Derechos Humanos, Eugenia del Carmen Díez; la ex presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, Ninfa Delia Domínguez Leal; y
el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Rafael Estrada
Michel. Asimismo lo integran el empresario Marcos Fastlicht Sackler y la
embajadora Carmen Moreno Toscano.
La situación en Tamaulipas se ha convertido en un dolor de cabeza para
el presidente de la CNDH, cuya designación por el Senado a un segundo
periodo, en noviembre próximo, está en duda.
En enero y marzo de este año la Fundación para la Justicia y el Estado
Democrático de Derecho y la Casa del Migrante de Saltillo interpusieron
en representación de algunos familiares de las primeras 72 víctimas de
San Fernando sendos amparos en contra de la recomendación 80/2013
elaborada por la CNDH a cuatro años de la masacre.
Los familiares se quejan de que el organismo no procuró "la solución
más beneficiosa para la persona" (principio pro personae), al desestimar
durante la investigación y en la recomendación a las familias de las
víctimas. Aseguran que la CNDH no los buscó ni siquiera para verificar
la supuesta identidad de sus muertos.
Plascencia ha desestimado los recursos por considerar que son sólo unos
cuantos los familiares que se oponen a su recomendación. Aun así
impugnó el amparo con el argumento de que la Ley de la CNDH, en su
artículo 47, establece que "en contra de las recomendaciones, acuerdos o
resoluciones definitivas de la Comisión Nacional no procederá ningún
recurso".
Sin embargo, en junio pasado el Noveno Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito confirmó la admisión del amparo
contra la recomendación, con lo cual rechazó de inicio la impugnación de
la CNDH.
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