NOTA DEL BLOG:
Sin nota pienso lo mismo:
¡Solo repito mi tuit!
Menny Val @MennyValdz
Sin nota pienso lo mismo:
¡Solo repito mi tuit!
Menny Val
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Detrás del hijo de Moreira
No estoy dispuesta ni lo estaré nunca a celebrar
el asesinado de nadie. Lo que estoy es convencida de que quienes cometen delitos
deben pagar por ellos de acuerdo a las reglas jurídicas establecidas para quien
incurre en conductas antisociales. Que desde los asesinos hasta quienes comete
peculado deben pagar, como bien lo exige la ley, con la privación de la libertad
y las multas correspondientes. Lo mismo aplica para quienes utilizando el poder
que les confiere un puesto público, debilitan a las instituciones con el tráfico
de influencias, llevan a cabo negocios sucios, ejercen nepotismo, lavan dinero,
o robustecen sus fortunas personales dejando en quiebra a sus ayuntamientos y
estados, traicionando a la sociedad entera. El mismo rasero para toda la
sociedad.
Dicho lo anterior debo confesar que a mi, como a
millones de personas, las declaraciones que Humberto Moreira hizo hoy me dejaron
pasmada. Y sí, seré políticamente incorrecta, pero debo decir lo que muchos
piensan y callan por pudor. En medio de su auténtico dolor por la trágica muerte
de su hijo, Moreira es el mismo cínico de siempre. Declaró “Mi hijo es un muerto
más de esta guerra, unos desgraciados le dieron dos balazos en la cabeza”.
Cuando el ex gobernador que dejó a Coahuila en un estado financiero calamitoso,
por no hablar de la impunidad y violencia rampante, dijo estas palabras y acto
seguido aprovechó para asegurar que se le había calumniado, pero que esto sí, no
lo va a perdonar.
Y debo decir que si su hijo fuera un muerto más
de esta guerra, él estaría como el resto de los padres y madres, haciendo fila,
lleno de ansiedad y angustia, para que la procuraduría estatal recogiera su caso
antes de los otros dos mil pendientes. Si su hijo fuera otro más no hubiera sido
contratado por su tío como coordinador regional de la Sedesol estatal. Si su
hijo fuera una víctima más de esta guerra, seis horas después de su asesinato no
habrían 23 funcionarios públicos federales coordinándose para llevar a cabo una
estrategia de seguridad. Si el padre de joven asesinado fuese un hombre común,
sin poder político (con averiguaciones previas abiertas y acusaciones sobre
corrupción y otros probables delitos), las autoridades federales no solamente le
hubiesen negado la ayuda, sino hubiesen dicho, como dicen de miles de jóvenes
pobres y desconocidos que han sido ultimados en pueblos del norte del país, que
seguro andaba en malos pasos, o de plano García Luna y Cárdenas Palomino lo
habrían tachado como un narco más en su larga lista de muertos acusados
falsamente.
Si el hijo de Moreira fuese uno más de esos miles
de asesinados de esta guerra, Poiré, el mismísimo secretario de Gobernación, no
le hubiera tomado la llamada al padre. Tampoco hubiese sucedido lo que sucedió:
horas después de su muerte se conformó un grupo de trabajo con autoridades
estatales y federales que se comprometieron a esclarecer los hechos a la
brevedad posible, y castigar a los responsables. Si fueran víctimas normales,
como nos asegura Moreira, no se habrían reunido en menos de seis horas Victoria
Pacheco, la subprocuradora de Control Regional de la PGR, con el General Luis
Arturo Oliversen, Jefe del Estado Mayor Presidencial de la Sedena y el Almirante
José Santiago Valdés, Jefe del Estado Mayor General de la Armada de México. Y
como no es un joven común, sino el hijo de una privilegiada clase política,
también llegaron a esa pronta reunión el director general del Cisen Jaime
Domingo López (responsable de la Seguridad Nacional), el Comisario de SSPF, Luis
Cárdenas Palomino, y el comandante de la novena región militar, el General Noé
Sandoval.
Todas las familias de jóvenes desaparecidos,
asesinados y asesinadas en México saben que las personas comunes van al
Ministerio Público, pero antes rezan para que las autoridades y algunos medios
coludidos con ellas no publiquen algún mensaje difamatorio que mande a su
familiar asesinado al cajón de los “culpables a priori” en los que la autoridad
no desperdicia ni diez minutos porque descarta su derecho como víctima y le
somete al juicio sumario post-mortem sin derecho a réplica.
Las y los reporteros de este país hemos escuchado
demasiadas historias de familias desgarradas por el asesinato impune de sus
hijos como para guardar silencio ahora. Porque sin escatimar el dolor de la
pérdida que sufre la familia Moreira y la joven viuda, debo decir que este
inmenso y desproporcionado despliegue de los personajes más importantes de la
seguridad nacional en tan pocas horas, advierte el futuro que hemos de
enfrentar. Todo parece indicar que los favores que el presidente Calderón desde
ya hace al PRI no tienen límites, y nos recuerda justamente la razón por la que
el país se cae a pedazos en lo concerniente a derechos humanos e impartición de
justicia.
Porque las madres y los padres de las cientos de
jóvenes asesinadas en Chihuahua siguen suplicado después de diez años, que la
autoridad reúna lo que se reunió hoy por la familia Moreira: los elementos
técnicos, científicos y humanos de mayor calidad para detener a los culpables de
inmediato. Lo mismo las miles de familias que han seguido su viacrucis
justiciero con Sicilia.
Esto nos lleva a preguntarnos, si las autoridades
tienen esa capacidad de respuesta y prometen esos resultados ¿por qué no
funciona con todas las familias? Ya sé que me dirán que porque este es un país
de gobernantes corruptos y abusivos y la justicia es para quien puede pagarla.
Pero esa no es la respuesta que busco, es simplemente un diagnóstico añejo y
certero de las circunstancias; la pregunta es válida, porque si efectivamente es
posible trabajar en equipo, juntar a los mejores elementos, llevar a cabo una
análisis criminológico de alto nivel y dar con los culpables de quienes en medio
de un camino rural balearon a un joven ¿por qué no replicar esa estrategia y
sacar al país del marasmo de muerte e impunidad? ¿Por qué incluso en asesinatos
de otros políticos no se dio este nivel de respuesta?
He visto a demasiadas familias, ricas, pobres y
clasemedieras honestas sentadas en procuradurías y juzgados, llorando,
restregándose las manos de ansiedad y angustia, suplicando que la policía vaya a
donde asesinaron a su hijo o hija. A padres que me narran llorando cómo llegó
antes el Ejército al lugar de los hechos y de inmediato dijeron que dos balazos
en la cabeza son símbolo de ejecución y que “muy probablemente” la víctima
estaba metida en malos pasos.
No importa cuan corrupto sea un político, los
hijos no merecen pagar por los delitos de sus padres. José Eduardo no es la
excepción. Se equivocan quienes celebran su muerte como castigo a sus
familiares, este país lo que necesita es justicia, no venganzas ni odio. Pero
también necesita equidad jurídica. Moreira debería, como todo padre mexicano,
esperar respetuosamente detrás del otro padre coahuilense a cuyo hijo asesinaron
hace seis meses y a quien el procurador aun no recibe. Entonces si creeríamos
que su hijo es otra víctima más de esta guerra. Y debería preguntarse ¿qué
condiciones dejó él en el estado para que otros padres sufrieran lo que él
experimenta hoy?
MUY MUY CIERTO GRACIAS POR TU INFORMACION ESTRA GENIAL,, SALUDOS
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