NOTA DEL BLOG:
Guadalupe
Lizarraga
¿Para qué las
torturaron? Circunstancias similares, misma versión oficial: Marcela Yarce,
Rocío Glez y Regina Martínez http://bit.ly/Sw1kqX
Guadalupe Lizárraga
La editora de
la revista Contralínea en Baja California, Lorena Rosas, describe la tortura de
Marcela Yarce y Rocío González, asesinadas el primero de septiembre, en un
correo entre colegas. Reproduzco su texto literalmente:
“Lo más
triste es la indolencia y complicidad de las autoridades del DF quienes en el
afán de no comprometer a Ebrard, insisten en que fue un robo, donde involucran
los movimientos bancarios que hizo en la semana Rocío González (ya van a estar
como en el caso Paulette) periodista freelance cuya familia tiene una casa de
cambio en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Descartan la
tortura y a mi compañera Marcela, la mantuvieron colgada como si la fueran a
ahorcar y le dieron un balazo en el clítoris, como parte de la tortura, a Rocío
le arrancaron los pezones a balazos y luego le dieron un balazo en el tórax.
Marcela se desangró por la vagina, finalmente murieron asfixiadas por la
soga.
Mi director
de Contralinea asegura que Marcela, la representante legal de la revista, quien
asistía a las audiencias contra los hijos de Martha Sahagun y contra la empresa
Zeta, trabajó hasta tarde en el cierre de los movimientos financieros
(publicidad, facturas, comisiones para los corresponsales, porque Marcela era la
directora de comercialización). Esa noche del 31 de agosto, se quedó hasta las
9:45, a las nueve le dijo a (Miguel) Badillo por teléfono que ya estaba cansada,
que ya se iba, había terminado con los pendientes del fin de mes, pero que había
quedado de pasar por ella, por Rocío para irse juntas (vivían cerca), no tenían
ningún plan para irse de fiesta como sugiere el procurador del
DF.
La primera
línea de investigación la desestimaron, Miguel Badillo
y Ana Lilia Pérez siempre andan amparados para evita su detención porque el caso
lo ganó Martha Sahagun, pero además traen escoltas porque han recibido amenazas,
la CNDH les solicitó medidas cautelares y nadie pensó en que Marcela (A cuyo
nombre está registrada la revista desde el año 2008 en que empezaron los
embargos por parte de los hijos de la Sahagun) pudiera estar en peligro, ella no
tenía escolta.
Pero lo claro
es que nadie roba y luego tortura de esa manera. Ése es un feminicidio, las
torturaban y las atacaban en sus símbolos orgánicos de femineidad. ¿A qué ladrón
le interesa hacer sufrir a una mujer disparándole en el clítoris y luego
colgarlas desnudas, maniatadas de las manos y los pies? Así las arrojaron como
basura donde las encontraron pronto, en un parque céntrico en Iztapalapa donde
temprano las descubrieron los corredores (que hacen deporte) habituales de esa
zona.. Aquí se está encubriendo el móvil y los posibles responsables, qué pena
porque yo pensé que Ebrard podría ser diferente, es
parte de la misma porquería del sistema...”
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| Marcha por el esclarecimiento |
La saña de la que habla Lorena Rosas no corresponde
a la versión de las autoridades. Éstas apuntaron
que el móvil del crimen de las periodistas de Contralínea habría sido un asalto
por 4 mil pesos que era lo que traía Rocío en su bolso de mano. Evidentemente no
resulta verosimil, pues se trata de unos sociópatas, no sólo quienes ejecutaron
los crímenes, también quienes los ordenaron. Y llamar a estos crímenes
feminicidios parecería ser ya una convención de los medios, sólo porque se trata
de mujeres, como sucede con los jóvenes pobres que asesinan y luego se refieren
a ellos como ajuste de cuentas del narcotráfico, sin mayor
investigación.
Al parecer, en
México, la forma en que se define el móvil de un crimen es directamente
proporcional al éxito de la distracción mediática, especialmente cuando para los
mexicanos “matar” es ya parte del paisaje de una guerra que raya en la rutina, y
lo único que vende en cada crimen es el misterio no
resuelto.
La mayoría de
las historias sobre los asesinatos de mujeres en México son tergiversadas por
las propias autoridades locales y federales, y esas tergiversaciones son
reproducidas por los medios de comunicación sin investigar. Más aún, son
ignoradas o borradas las pistas de información sensible que familiares o
testigos ofrecen voluntariamente a las fiscalías. No son pocas las evidencias de
estas acciones, que en otros países serían delitos cometidos por los
funcionarios de Justicia. Los casos de Ciudad Juárez o del Estado de México
podrían arrojar mucha luz al respecto si hubiera menos indiferencia para frenar
este tipo de delitos. Sólo hay que contrastar los expedientes de los casos con
las versiones de los familiares de las víctimas.
El caso de la
niña Paulette, al que alude Lorena Rojas, por ejemplo, fue en efecto un caso en
extremo manipulado por las autoridades y por los mismos medios de comunicación
al grado del absurdo. La verdad jamás se conocerá, y los responsables seguirán
gozando de impunidad como ya es lo normal en este país.
Lo mismo sucedió
en el caso de la activista juarense Josefina Reyes, a quienes de entrada los
medios ignoraron sus denuncias que llevaban pistas a los militares de la región.
Otro caso en que los medios reprodujeron sólo la versión del fiscal de
Chihuahua, incluso con contradicciones, fue el de la poeta Susana Chávez,
asesinada en febrero de 2010, mientras que las declaraciones de la madre fueron
prácticamente ignoradas. O el paradigmático caso de Marisela Escobedo, asesinada
por pedir justicia contra el asesino confeso de su hija. Fue noticia nacional
hasta el día de su asesinato. También se suma el caso de la periodista de
Veracruz, Yolanda Ordaz, quien fue torturada sexualmente, degollada, y tirado su
cuerpo desnudo cerca del medio para el que trabajaba.
Ahora este
escalofriante caso de Marcela y Rocío, no cambia en nada con respecto a los
demás asesinatos de mujeres de Tapachula, de Ciudad Juárez o del Estado de
México, excepto en que estas víctimas eran periodistas, como el caso de Yolanda.
La misma saña, las mismas mentiras, la misma actitud de los medios de publicar
información tergiversada, incluso las mismas reacciones ciudadanas hasta de los
mismos colegas: marchas, plantones y cartas. Nada cambia. Ni siquiera la
imaginación para generar una acción colectiva de impacto sin que se quede en la
mera denuncia. Es un grito a los sordos, cuando podrían realizar acciones que
afectaran directamente a la clase política y judicial, sobre todo de manera
económica, como paros o boicots para cubrir sus noticias, en solidaridad con las
asesinadas. Pero parecería que ningún medio está dispuesto a sacrificar un poco
de recursos, a cambio de salvar vidas.
Hay cosas que no
se entienden. ¿Por qué la revista Contralínea aceptó que se difundieran como
asesinatos relacionados por su género femenino? ¿Sólo porque eran mujeres? ¿Y si
por el tipo de tortura está catalogado como feminicidio, por qué se hizo
referencia a su profesión como periodistas, cuando no ejercían como tales?
Miguel Badillo dijo a los medios que era irrelevante si ejercían o no el
periodismo. Y en ello, tiene razón. Sin embargo, para una investigación judicial
no resulta irrelevante. Porque la primera hipótesis que se descartaría es que no
las mataron por censurarlas, no a ellas, al menos. Y esto es una pista
clave.
 |
| Miguel Badillo, director de Contralínea |
¿O si fueron
asesinadas por ser periodistas, es decir como agresión a la línea editorial de
la revista, por qué distrae la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal con
la información del supuesto asalto? Si el móvil fuera económico, ¿para qué las
torturaron? No hace sentido. Un ladrón no se detiene en la tortura y menos una
tortura sádica.
Por otra parte,
¿qué elementos sostienen la hipótesis de que hay una tendencia de represión
contra mujeres periodistas en México? En 2010, por ejemplo, de acuerdo a la
información de CIMAC, agencia multimedia de noticias de género, hubo 129
asesinatos de periodistas mexicanos, de los cuales 29 eran mujeres. Y por cada
asesinato de una periodista, 18 mujeres más fueron agredidas o amenazadas. Esta
información se obtiene gracias a las denuncias, pero en muchos casos las
periodistas no denunciamos. La mayoría opta por la autocensura o por salir del
país para resguardar su vida. En lo que va del año, según esta información, un
18 o 20 por ciento del número total de asesinatos ha sido de mujeres. La gran
mayoría que son de varones los relacionan con la cobertura del narcotráfico. Una
cuestión no menos fácil de confirmar, por todo lo que no se denuncia y por la
ineficiencia y corrupción de las fiscalías y ministerios
públicos.
El punto es
nuevamente la distracción sobre los móviles del crimen de Marcela y Rocío. Una
distracción en la que participan los medios activamente, y los mismos colegas.
Si les llamamos feminicidios, ya de entrada hay un juicio del móvil que los
llevó a perpetrar tal atrocidad. Si les llamamos asesinatos de periodistas, va
implícito un atentado contra la libertad de expresión, o con el trabajo
periodístico. Si el móvil está relacionado con la casa de cambio y las
transacciones comerciales de la propia revista, como lo manejó primeramente el
procurador, se pone de relieve el robo o lavado de dinero o alguna otra gestión
ilícita relacionada con lo monetario, pero obviamente no por lo que llevaba el
bolso de Rocío.
La forma en que
se defina el crimen, la forma en cómo lo publiquemos en los medios está
influyendo en la opinión pública y propiciando un juicio colectivo implícito o
explícito. Y que en muchos casos puede contribuir a hacer un daño moral a
terceros. Puede orientar o desorientar exitosamente, y en este caso, como en los
ya mencionados, medios y autoridades contribuyen a no encontrar la verdad de los
crímenes, sino a distraer al público atento.
Hay más
cuestiones que se quedan al aire. ¿Por qué esta casa noticiosa no considera
públicamente la probabilidad de que el hostigamiento pudiera ser contra el
propio editor responsable de Contralínea? Otra pista de investigación plausible,
indudablemente.
Sabemos que hay
feminicidios que no trascienden en los medios. En este caso resulta obvio porque
las víctimas eran periodistas y del Distrito Federal. Dos factores que influyen
para su atención nacional mediática. Pero que, al igual que todos los demás,
están marcados principalmente por la ineficacia de las autoridades. Y aún cuando
“atrapen” a unos jóvenes pobres de Iztapalapa y los golpeen hasta que declaren
que ellos fueron los sociópatas que las asesinaron, nunca sabremos para qué las
torturaron los verdaderos criminales.
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