NOTA DEL BLOG:
LA REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR FUÈ PROPUESTA COMO TODAS LAS OTRAS REFORMAS ANTI MEXICANAS POR EPN-PRI PERO ALGUNOS LEGISLADORES -DEL MISMO PARTIDO- SE DIERON CUENTA DEL ERROR Y LA TIENE DETENIDA .
ESTA LEY DARIA CONTROL TOTAL DEL MEXICO CIVIL AL EJERCITO SERÌA UN GOLPE DE ESTADO SILENCIOSO -NUEVAMENTE
SERIAN LOS AMOS DEL PAIS Y NO DUDES QUE LOS SIGUIENTES PRESIDENTES
VOLVERIAN A SER GENERALES ¡AMERICA LATINA APENAS VA SALIENDO DE LOS GORILATOS Y
AHORA LEGISLADORES PRETENDE REGRESALES EL PODER
P.D. SI URGE LA LEY PERO HACIENDO LAS ADECUACIONES PARA QUE MEXICO NO QUEDE NUEVAMENTE BAJO EL YUGO MILITAR -ABAJO DEJO ALGUNAS DE LAS CONSIDERACIONES DEL PORQUE EL EJERCITO- NO DEBERIA SER DUEÑO DE MEXICO OTRA VEZ
Urge ley de seguridad interior a Tamaulipas: Senadora
********* SOURCE ELMERCURIO
Urge ley de seguridad interior a Tamaulipas: Senadora
Tamaulipas esta ley es una prioridad debido a que tanto el
ejército como la Marina sustituyen en diversos municipios la labor de
las policías locales ante la falta de capacidad de la fuerza pública del
Estado.
A Tamaulipas le urge la Ley de Seguridad Interior, para regular
la labor de la Marina y el Ejército, sin embargo, partidos como el PRI,
Morena, PT y el PRD la tienen “atorada” en el Congreso de la Unión,
recriminó la Senadora de origen tamaulipeco, integrante de la Comisión
de Seguridad Pública, Andrea García.
Señaló que el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de
Vaca, les pidió a los legisladores federales que le den prioridad a la
discusión y aprobación de esta ley en el período de sesiones ordinario
que arranca el próximo 1 de septiembre.
“Es un tema que traemos los panistas pero que el PRI no lo quiere
pasar y cuando eres de un estado como Tamaulipas es prioridad, mucha
gente de la ciudad de México o Querétaro por decirte algo, no entienden
porque para los estados del norte es tan importante la Ley de Seguridad
Interior”, dijo la Senadora.
Del mismo modo, indicó que los partidos que se oponen a darle paso a
esta ley no entienden la gravedad del asunto, pero insistió que en
Tamaulipas es un asunto prioritaro “es un tema que trae el Gobernador
pero que no ha podido pasar”, sentenció.
Para Tamaulipas esta ley es una prioridad debido a que tanto el
ejército como la Marina sustituyen en diversos municipios la labor de
las policías locales ante la falta de capacidad de la fuerza pública del
Estado.
En el tema, hay otras entidades interesadas, es el caso se Puebla que
a través de su Congreso Local envió el 18 de agosto, un exhorto al
Congreso de la Unión para que el tema se discuta en el próximo periodo
ordinario de sesiones por la Cámara de Diputados y la de Senadores.
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GOLPE DE ESTADO SILENCIOSO
CIUDAD DE MÉXICO 3 de diciembre 2016 .- La intromisión de las fuerzas militares
en la vida política y social del país ha llegado a extremos
intolerables.
Que ponen en riesgo tanto la institucionalidad democrática como la
soberanía nacional. Hoy atestiguamos el equivalente a un golpe de Estado
subrepticio y silencioso. Si la sociedad no detiene la militarización
rampante, Los Pinos pronto podría ser ocupado por un general,
El Partido
Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado en la Cámara de
Diputados una iniciativa para una nueva Ley de Seguridad Interior.
Misma que tiene el objetivo de normalizar la participación inconstitucional
de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y de control
social interno, la aprobación de este proyecto implicaría una
transformación radical del papel de los militares en la vida nacional.
Normalmente, los soldados solamente pueden participar en asuntos de
“seguridad nacional”.
Y el artículo 129 de la Constitución es absolutamente claro: “En
tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que
las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Sin embargo, la propuesta del diputado César Camacho Quiroz, en
cumplimiento de órdenes giradas por Enrique Peña Nieto y el secretario
de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos,
habilitaría a los militares para involucrarse directamente en asuntos de “seguridad interna”. Y este concepto es definido de la manera más abstracta y general: cualquier asunto que “ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública”.
Con la nueva ley, los militares ya no se dedicarían exclusivamente a defender el territorio patrio y a suplir a las autoridades civiles en casos de emergencia, sino que se transformarían en responsables permanentes del “orden” interno y, por lo tanto, en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se autorizaría formalmente la persecución castrense de la oposición política y los movimientos sociales en todo el país.
PRI-PAN Y PRD ya reformaron tanto el Código de Justicia
Militar como el Código Militar de Procedimientos Penales, con el fin de
permitir que los ministerios públicos y tribunales militares se
entrometan de manera indiscriminada en asuntos civiles, con cateos a
domicilios particulares y edificios gubernamentales, así como con
espionaje directo a comunicaciones personales.
Con la Ley de Seguridad Interior se consolidaría y expandiría esta
lógica. La ley permitiría a los militares desplazar totalmente al
ministerio público en la investigación de delitos cometidos incluso por
civiles.
También abriría la puerta para un sistema de espionaje
político-militar generalizado, al permitir a los soldados utilizar
cualquier medio de recolección de información.
Aún más preocupante es que esta nueva ley busca darle la vuelta al
procedimiento plasmado en el artículo 29 constitucional para declarar la
suspensión de garantías en casos de “perturbación grave de la paz
pública”. Aquel procedimiento constitucional obliga al presidente a
recibir la autorización del Congreso de la Unión para emitir dicha
declaratoria y requiere que la suspensión sea forzosamente “por un
tiempo limitado”.
En contraste, la nueva ley permitiría al presidente realizar de
manera unilateral la declaratoria, y para un tiempo indeterminado. Es
decir, se eternizaría la presencia castrense en nuestras calles, con
todo lo que ello implica respecto de la violación sistemática de los
derechos humanos y las libertades de tránsito, de expresión y de
reunión.
Lo más grave, sin embargo, es el daño que esta nueva ley significaría
para la soberanía nacional. No es ningún secreto que las fuerzas
armadas mexicanas hoy no sólo siguen órdenes de las autoridades
mexicanas, sino que también obedecen a los mandatos de Washington. Fue
el gobierno de Vicente Fox quien acomodó a la milicia mexicana dentro
del marco del Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) en 2002. Y un
porcentaje cada vez más grande de generales, comandantes y cadetes
miliares mexicanos reciben una parte importante de su entrenamiento en
Estados Unidos.
El secretario de la Marina, Vidal Soberón, recientemente fue nombrado
comandante de la Legión de Mérito del gobierno de Estados Unidos y
tiene comunicación constante con los altos mandos castrenses en aquel
país. Y hace unos meses Soberón le entregó personalmente al jefe del
Northcom, William Gortney, la Medalla de Distinción Naval y Mérito
Militar Primera Clase de México.
Así que si los vendepatrias del PRIANRD logran la aprobación de su
nueva Ley de Seguridad Interna, el pueblo mexicano no solamente estará
sujeto a la constante intromisión de las fuerzas militares en nuestras
vidas, sino que nuestra información y nuestras libertades también se
colocarían bajo el control directo de Donald Trump.
En lugar de aumentar la intromisión de un fascista en nuestros
asuntos internos, hoy es un buen momento para recuperar nuestra larga
tradición de dignidad nacional y solidaridad latinoamericana. Hay que
dirigir nuestras miradas hacia el sur
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