Para que quede de testimonio "De lo que pasó en México desde el 2010-¿? "Para mis hijos... cuando los tenga, -Un abrazo y un beso si no se los pudiera platicar personalmente- @MennyValdz
sábado, 12 de septiembre de 2015
MEXICO DF:PAREJA DE VENEZOLANOS SECUESTRADOS POR MANCERA
NOTA DEL BLOG SECUESTRADOS POR MIGUEL A MANCERA EN EL DF
Ciudad de México.- Hace
cinco años, Antonio Urbina y Coral Rojas llegaron a México. Salieron de
Venezuela por la crisis económica y la escasez alimentaria que hay en
aquel país.
Buscaban refugio y un futuro mejor para
sus tres hijos. El país los sorprendió, llevan ocho meses “secuestrados”
por el poder judicial mexicano.
A través de la plataforma Change.org miles de personas se han
manifestado para apoyar a la pareja de venezolanos, hasta el momento se
tienen más 14 mil firmas, pero sigue abierta para quien quiera firmar.
Puedes entrar al sitio en este link.
LA HISTORIA COMPLETA DEL SECUESTRO ORQUESTADO POR MIGUEL ANGEL MANCERA JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
Venezolanos “secuestrados” por el poder judicial mexicano
FUENTE: LETRAROJA.COM
Hace cinco años, Antonio Urbina y Coral Rojas llegaron a México.
Salieron de Venezuela por la crisis económica y la escasez alimentaria
que hay en aquel país.
Buscaban refugio y un futuro mejor para
sus tres hijos. El país los sorprendió, llevan ocho meses “secuestrados”
por el poder judicial mexicano.
-El pretexto-
Su hijo de 9 años, cursaba el segundo año de primaria en el colegio Westhill Institute S.C. Santa Fe.
En diciembre de 2010 lo cambiaron, sin
previo aviso, de segundo a tercer año. Sólo alcanzó a cursar la primera
mitad de segundo y la segunda mitad de tercero.
De inmediato acudieron con las autoridades del plantel para que les explicaran qué había pasado.
El colegio respondió que habían
promovido a su hijo de año porque era muy inteligente y brillante.
Aseguraron que la SEP estaba enterada del caso y que se habían cumplido
todos los requisitos.
Incluso los padres estuvieron pendientes
de que se hicieran los exámenes pertinentes y nunca llegaron. Durante
ese tiempo, el menor sufrió bullying y agresiones de sus compañeros. Ya
no quería ir a la escuela.
Cuando inició el cuarto año, los padres
todavía no tenían las boletas de segundo ni de tercero. Incluso
quisieron hacerle un examen al menor para que entrara a quinto año, pero
obviamente lo reprobó por no tener los conocimientos necesarios.
Molestos, los padres acudieron a la
Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal para rectificar los
datos y en efecto, la boleta que les habían mostrado no existía, habían
alterado las calificaciones, su hijo no tenía matrícula en la SEP y no
se habían cumplido con los protocolos, que incluyen exámenes de
conocimiento y psicológicos para promoverlo de grado.
Personal de la SEP le informó a los
padres que la escuela nunca pidió este proceso y les explicó que cuando
un niño es promovido de grado, ellos se encargan de avisar a la escuela y
después a los padres.
Con una actitud más sólida, Antonio
Urbina exigió a la escuela que antes de que terminara el ciclo escolar
2013, quería una solución a su problema, mientras tanto no pagaría una
colegiatura aproximada de 15 mil pesos mensuales.
Incluso argumentó que al Westhill “no
les importaba la calidad del servicio educativo, no les importaban los
niños y mucho menos los padres, sólo les importaba el dinero”.
Días después, llamaron a Antonio de las
oficinas de la Dirección de Acreditación Incorporación y Revalidación
(DGAIR) -que pertenece a la SEP Federal-, para decirle que no se
preocupara, que le iban a sacar la boleta de su hijo.
Urbina Romero se percató que se trataba
de una boleta “chafa”, iban a hacer una emisión ilegal de boletas. Pidió
que no la expidieran si no se tenían las formas legales para hacerla,
no la autorizó.
Sin embargo, emitieron la boleta y los
llamaron a una junta. En ella presentaron cuatro exámenes que el niño
habría hecho, dos tenían su letra, pero los otros dos no coincidían con
la caligrafía del menor, parecía escrito por un adulto.
Ahí les avisaron que no existía un proceso para promover al niño sino un apoyo para un niño extranjero.
Por este motivo se negaron a pagar, hasta que hubiera una respuesta y una solución al problema.
Luego de un tiempo sin respuesta, contrataron un abogado civilista y demandaron a la escuela por daño moral y daño psicológico.
Pensaron que el caso se resolvería en tribunales, pero no esperaban la respuesta del colegio.
-Amarga Navidad-
El 13 de diciembre de 2014, cerca de las
tres de la tarde, Antonio y Coral se encontraban haciendo compras
navideñas en una tienda de Interlomas. Salieron sin los menores porque
comprarían sus juguetes de navidad.
De un momento a otro, cerca de ocho policías los sometieron, los detuvieron y los golpearon.
De acuerdo con los detenidos, uno de los
comandantes, hablaba con el procurador General de Justicia del Distrito
Federal, Rodolfo Ríos por radio. Se escuchaba que daba órdenes.
Recuerdan que les pedía a los policías que esperaran una indicación. Los
elementos de seguridad se dirigían a él como “señor procurador”.
Nunca enseñaron una orden de
aprehensión, y seis horas después -a las nueve de la noche-, fueron
ingresados al Reclusorio. Antonio José Urbina Romero se encuentra en el
Reclusorio Oriente y Coral Rojas Acosta en Santa Martha.
De acuerdo con el Artículo 14 y 16 de la
Constitución esto es una privación ilegal de la libertad, ya que se
tienen que remitir de inmediato, y los llevaron seis horas después.
Acaso porque estaban construyendo el caso, sospechan.
Curiosamente el día 13 de diciembre era
el último día laboral del año para el Poder Judicial, ese día salían de
vacaciones y regresaban hasta el 5 de enero.
Los tres hijos de la pareja venezolana
–de 2, 5 y 12 años-, se quedaron solos en casa durante los tres días
siguientes a la detención. Una comadre tuvo que ir por ellos a su casa y
esconderlos.
Dentro del reclusorio lograron hacer una
llamada y la madre de Antonio, viajó quince días después desde Caracas,
Venezuela hasta México para hacerse cargo de sus nietos y de la casa.
Según se sabe, los acusan de un fraude procesal. Se apoyaron del Artículo 310 del Código Penal del DF. Dicho artículo versa:
“Al que para obtener un beneficio
indebido para si o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito
judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o
realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad
judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o
acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de seis meses a
seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa.
Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas
previstas para el delito de fraude.”
Cabe mencionar que ellos no pedían dinero, no tenían sentencia y la escuela nunca les pagó un solo quinto.
Cuando hay una denuncia por daño moral
–como la que hizo la pareja-, los jueces son quienes cuantifican el daño
y asignan el monto.
Lo que temían los señores del Westhill
es que el daño moral a una mujer o a un niño –como el que ocasionaron al
menor- es incuantificable.
Un dato más: Dos días antes de
la detención, Antonio recibió una llamada donde lo amenazaban de muerte.
Lo reportó por internet con la policía. Recibió un mensaje para que en
los cinco días posteriores fuera a ratificar la denuncia, pero lo
detuvieron antes de que lograra hacerlo.
-Terrible conflicto de interés-
Para entender qué pasó en este caso es necesario tener en cuenta estos datos:
El colegio Westhill Institute S.C. Santa Fe está a cargo de José María Rioboó.
María Rioboó se dice cercano al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Lo presume
constantemente ya que él construyó la Supervía Poniente.
También se sabe cercano a Andrés Manuel
López Obrador ya que fue el proyectista de los segundos pisos y por si
no fuera suficiente, trabajó con el hermano de AMLO, José Ramiro, en
Tabasco.
Su esposa, es nada más y nada menos que
la Magistrada Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Esquivel Mossa también presume su cercanía con Mancera, e incluso se adula de que el Jefe de Gobierno la puso en el cargo.
Por el cargo ostenta, la magistrada no
puede litigar, pero su despacho es quien se hace cargo de la defensa de
su esposo. Lo defienden las mismas personas que trabajan con ella en el
Tribunal.
Vale la pena recordar que el 23 de mayo
del 2014, Esquivel Mossa al ingresar a la Legión de Honor Nacional de
México afirmó que todos los países, al igual que todas las personas,
debemos someternos a la única dictadura aceptable, que es a la
“dictadura de la Ley”.
Destacó que debemos pugnar por una
sociedad en la que existan buenas leyes, mismas que sean observadas y
cumplidas por los ciudadanos y que los gobernantes, de todos los niveles
las apliquen correctamente, para dar paso a un nuevo capítulo en la
vida del país. Esas fueron sus palabras y sería bueno que alguien se las
recordara o le pasara su transcripción.
**********************
*****************************
Infografía: Letra Roja
-Amparos fallidos-
En la primera audiencia que tuvieron
para el caso, llegaron tres fiscales y la juez del Juzgado Sesenta
Penal, identificada como, Hermelinda.
Aunque ellos tenían derecho a fianza por
el delito que se les imputaba, la juez decidió agravar el delito; lo
modificaron y pidieron una pericial al contador de la escuela.
Luego de estos hechos, acusaron a la
pareja de venezolanos de un daño patrimonial de 30 millones de pesos en
contra de la escuela.
De diciembre hasta la fecha, en el
Séptimo y en el Quinto Juzgado de Distrito se obtuvieron dos amparos en
los que se especificaba que “se les ponga en inmediata libertad”. Ya que
no tenían elementos para procesar y por tal motivo, no podían darles
una pena privativa de libertad.
José María Rioboó –asesorado por su esposa-, interpuso una queja contras los amparos y no les permitieron salir de prisión.
-Amenazas de muerte-
En entrevista exclusiva con Letra Roja
el abogado de los venezolanos, Germán Cruz dijo que apenas el viernes
pasado (14 de agosto), el Cónsul, Luis Andrés Trocel visitó a Antonio en
la cárcel. Luego de más de 70 llamadas y al menos una decena de cartas.
La cancillería venezolana ya está enterada del caso.
Según comenta el abogado, la pareja ya
fue amenazada de muerte dentro del reclusorio para que retiren la
demanda civil. Les dijeron que serían internos con altas condenas y que
no tienen nada que perder, quienes se harían cargo de ellos.
“Parece que todos los que tiene dinero
en este país, tienen a su cargo sicarios y pueden encerrar a cualquiera
sin cometer un delito. Simplemente por reclamar un derecho”, aseguró el
abogado.
-Perfiles-
Antonio Urbina Romero es ingeniero en
sistemas, se dedica a hacer softwares para diversas empresas. Trabajó
como comentarista económico y de tecnología en varios programas
televisivos de Venezuela. Ya en México participó en la construcción de
Plataforma México y trabajó en CIE, desde antes que América Móvil de
Carlos Slim, la comprara.
Coral Rojas es Administradora de
empresas, actualmente era ama de casa. Hizo dos diplomados en la
Universidad Metropolitana de Caracas, uno en inglés y otro en español.
También daba clases de inglés.
Ciudad de México.- Hace
cinco años, Antonio Urbina y Coral Rojas llegaron a México. Salieron de
Venezuela por la crisis económica y la escasez alimentaria que hay en
aquel país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario