 Cuatro secuestradores, a quienes el Ejército Mexicano
detuvo en flagrancia con un hombre de 67 años de edad, al que
mantuvieron cautivo tres semanas, mutilaron y dejaron amarrado dentro de
un ropero en una casa de Tijuana, Baja California, serán indemnizados
ahora con dinero del Fondo de Atención a Víctimas del Delito del
Gobierno federal, el cual se supone es para personas que fueron víctimas
de la delincuencia.
“¡Siento que la vida me cambió, pero cuando llegó el Ejército le di
gracias a Dios y a las Fuerzas Armadas por esta nueva oportunidad de
vida!”, contó sólo unas horas después de su rescate, aquel hombre al que
le faltaba un dedo índice, presentaba grave desnutrición y tenía una
infección en los ojos por las vendas que le amarraron.
A pesar de las pruebas en contra de sus plagiarios, el Comité contra
la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a
las autoridades mexicanas liberarlos pues determinó que estos sujetos
sufrieron “violaciones a sus derechos humanos” por parte de “agentes del
Estado mexicano”.
Y por eso, concluyó, merecen recibir 99 mil 513 pesos de
indemnización.
Así se detalla en la “Comunicación número 500/2012”, de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes de la ONU, la cual pide que se les “conceda una plena
reparación, incluida una indemnización justa y adecuada a los autores y a
sus familiares”.
Los delincuentes identificados como Ramiro Ramírez Martínez, El
Rambo; Orlando Santaolaya, El Chuletas; Rodrigo Ramírez Martínez, El
Gordo y Ramiro López Vázquez fueron detenidos en junio de 2009 en Playas
de Rosarito.
El reporte del Ejército de su captura detalla que en el lugar en el
que mantenían cautiva a su víctima, guardaban un arsenal compuesto por
17 rifles entre AK-47 y AR-15, tres pistolas, 278 cargadores, 14 mil 662
cartuchos, 27 chalecos antibalas, así como 14 cascos blindados.
Tras recibir el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) y la determinación de la ONU,
fueron liberados a finales del año pasado.
Sin embargo, apenas salieron, la Procuraduría de Tijuana reaprehendió
a dos de ellos. El Rambo y El Chuletas ahora fueron detenidos acusados
de acribillar a un agente de la Policía del Estado cuando salió a comer.
El juez primero penal en Rosarito ordenó encarcelarlos por los
delitos de homicidio calificado por arma de fuego y delincuencia
organizada según la causa penal 276/2009.
Aun así, los hombres presos están en espera de que el Gobierno federal les entregue el dinero de su indemnización.
La CMDPDH, organización que defiende a estos secuestradores, es la
misma que ahora apoya al secuestrador de Priscila, una joven que estuvo
desaparecida durante cinco años, hasta que fue hallada sin vida en una
fosa común de Morelos.
Al igual que lo hizo con los plagiarios de Tijuana, la CMDPDH busca
también para este hombre llamado Nino Colman, su libertad y una
indemnización bajo el argumento de que lo torturaron.
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