NOTA DEL BLOG: COMO ANTECEDENTE SOLO QUIERO PONER QUE EL GOBERNADOR DE CHIAPAS PRI-VERDECOLOGISTA PROVIENE DE UNA FAMILIA DE CACIQUES Y RELACIONADA MUY DE CERCA CON EL NARCO TAMAULIPECO DESDE HACE VARIOS AÑOS ...VUELVE A RELUCIR EL NOMBRE DE ZETA1 EUGENIO HERNANDEZ FLORES (MUCHOS TAMAULIPECOS -de esa cofradìa de la manita- SON COLABORADORES DE MANUEL COELLO EN SU GOBIERNO)....
...MANUEL VELASCO COELLO ES EL GOBERNADOR DE CHIAPAS Y ES EL DEL VIDEO VIRAL, DONDE LE DÀ UNA CACHETADA EN PUBLICO A UNO DE SUS MUY CERCANOS COLABORADORES ÈSTE ES MUY MUY CERCANO
Investigadora de 82 años es golpeada y secuestrada por “órdenes” de la madre de Velasco
FUENTE REVOLUCIONTRESPUNTOCERO
Enviados especiales / Revolución 3.0
(31 de mayo, 2015. Revolución
TRESPUNTOCERO).- El Tracoma, es un padecimiento infeccioso crónico que
afecta los ojos y que conlleva a la ceguera, el germen causal es un
parásito que se transmite de persona a persona. Esta enfermedad se
caracteriza por la formación de folículos y lesiones en parpados, y se
encuentra íntimamente relacionada con la pobreza extrema, la
marginación, la falta de infraestructura sanitaria y por lo tanto de
higiene.
En México el Tracoma es endémico y ha
afectado principalmente a los Altos de Chiapas, en los municipios
Occhuc, Chanal, Tenejapa, Uixtan y Cancuc. En 1966, el médico Javier
Torroella Bueno, habiendo escrito unos años antes sobre el grave
problema en aquella región, fundó el Instituto Mexicano de Oftalmología
Tropical, en dicho estado, el cual se dedicó a la investigación de esta y
otras enfermedades durante poco más de 40 años.
Actualmente en Chiapas, 9 de cada mil
personas están ciegas totalmente o a punto de serlo, debido a que no
existe cura para la enfermedad, ni siquiera mediante un trasplante
corneal; el 3.4% de la población padece la enfermedad en alguna de sus
fases, siendo la población indígena la más afectada.
A 47 años de la fundación del Instituto
Mexicano de Oftalmología Tropical (IMOTAC), en San Cristóbal de las
Casas, el 27 de agosto del año pasado, fue desmantelado de forma
violenta, por sentencia del juzgado décimo octavo de lo civil de la
Ciudad de México. “Aquel día la orden fue directa para los policías,
debían actuar brutalmente, en contra de una octogenaria, la
investigadora Carmen Portillo y Cruz González, responsable del
instituto; se montó un operativo que incluyó más de 200 agentes de
seguridad pública, 5 ministerios públicos y 45 agentes de la Policía
Judicial, estos últimos con armas ocultas en sus mochilas, fue una
inminente violación a los derechos humanos, todo ello era orden de
Leticia Coello de Velasco, madre del gobernador chiapaneco”, narra el
abogado Carlos Sánchez.
Roberto Domínguez Cortés, afirma “cuando
llegué y me presenté como abogado de la señora Carmen Portillo se me
impidió el paso. El frívolo y desafortunado argumento de policías, era
que nadie podía pasar. Así de simple. Una mujer de más de 80 años a
merced de toda la fuerza pública sin asistencia legal. Cuando, por fin,
pude pasar apenas se me enteró que se trataba de la sentencia de un
juzgado de la Ciudad de México. Hasta ese momento se ignoraba quién
demandaba y bajo qué argumento legal, lo que impedía que se
interpusieran los medios de defensa necesarios”.
Asegurando que “lo grave después del
aparatoso operativo, fue la forma en que desalojaron a las personas que
pretendieron ayudar a la señora Carmen Portillo, quien fue golpeada en
brazos y hombros”; finalmente la demandada pudo quedarse dentro de la
propiedad, pero se calificó al hecho como un secuestro, ya que a nadie
se le permitió el acceso, ni siquiera para entregarle comida. Los
trabajadores del Instituto denunciaron que uno de los civiles que
acompañaron el operativo, ofreció 50 mil pesos a cada uno de ellos a
cambio de que dejaran sola a Carmen Portillo.
“El Instituto fue deshecho, se llevaron
los muebles y tiraron las puertas que les estorbaron, pocas horas
después el lugar estaba completamente vacío. A mí me limitaron a un
pequeño espacio, el cual cercaron para que yo no pudiera, mucho menos
tener acceso a las instalaciones del instituto. Tampoco pude salir
durante días la calle, pusieron alambrado que me bloqueó la entrada y
la salida”, relata Carmen Portillo.
Agregando que, “además de saquear el
Instituto, se llevaron aparatos frágiles de un alto precio, los
aventaron a un tráiler, junto con escritorios. Como a mí me bloquearon
el acceso al interior de la clínica, mi pequeña camioneta se quedó en el
garaje, y en enero de este año se la llevaron. Durante más de 30 años
hicimos oftalmología en Chiapas, no existe motivo para un trato así.
Porque a la par de eso, ya tenía en mi poder el borrador del estudio que
publicaría una de las universidades chiapanecas. Pero al quedar en uno
de los escritorios que se llevaron se perdió el documento, porque
aseguraron que ahí no iba nada”.
Un año antes de la fundación del IMOTAC, un profesor alemán, de nombre José Weber Biesinguer,
ofreció un amplio terreno para la construcción de la clínica, pero
debido a su nacionalidad, sus propiedades se encontraban a nombre de su
esposa Carmen Velasco Suárez, “quien finalmente se dignó a firmar de muy
mala manera”, relata Carmen Portillo.
Así fue como el investigador Javier
Torroella, obtuvo el predio La Almolonga, con una superficie de 3.2
hectáreas. Y dio inicio a la edificación de un centro médico que se
ocupara del estudio del Tracoma y la investigación de una posible cura.
La idea del proyecto surgió a raíz de que el padre de Torroella Bueno,
fuera quien descubriera, años atrás las microfilarias que provocan dicha enfermedad.
A lo largo de los años, conforme se
desarrollaba el análisis del Tracoma, el Instituto siempre desmintió a
todos los gobernadores que presumían haber erradicado la enfermedad.
Dicho centro quedó en poder de la asociación civil formada por los
señores Javier Torroella Bueno, Carmen Portillo y Cruz González, Alfonso
Vázquez Cabrera y José Torres Torija. Las principal clausula de la
donación fue: “…si este inmueble donado no fuere utilizado,
exclusivamente, para dicho fin, de Oftalmología Tropical, en un plazo no
mayor de cinco años, la presente donación quedará sin efectos y el
predio pasará a beneficio de otra institución similar”.
“No hay manera de entablar una demanda
para apropiarse legalmente del inmueble cuando no sólo se cumplió con
los cinco años establecidos en la donación, sino que lleva 47 años
funcionando ininterrumpidamente, aun cuando el doctor Torroella haya
fallecido hace 10 años. Lo grave es que el despojo del inmueble es un
atentado a la ciencia. Desde hace medio siglo hay, en los archivos del
IMOTAC, miles de expedientes de pacientes tratados con tracoma, que
constituyen verdaderas investigaciones para prevenir la ceguera en el
medio indígena rural”, afirma Domínguez Cortés.
Días más tarde, se dio a conocer de
manera amplia y concisa que fue David Garcés García, apoderado legal del
Instituto de Investigación y Desarrollo de los pueblos indígenas, A.C.,
cuya presidenta es Leticia Coello, quien demandó penalmente a Carmen
Portillo, acusándola de “invasora de la casa habitación y terreno”,
donde está ubicado el IMOTAC.
Carmen Portillo asegura que se realizó
una investigación sobre el Instituto de Desarrollo de los pueblos
indígenas, y aunque para interponer la demanda se necesitó hacerse de al
menos una dirección fiscal, al llegar al domicilio citado solamente se
encontró una casa en estado de abandono y ninguna persona que diera
razón acerca del tema.
“La estrategia del abogado de Leticia Coello en contra de la señora Carmen Portillo y Cruz González, es una maniobra legaloide que
se basa en la intimidación para obligarla a renunciar a sus derechos de
posesión, donde ha permanecido 40 años y pueda la señora Leticia Coello
disponer del terreno de IMOTAC, cuyas instalaciones fueron saqueadas el
pasado agosto; destruyendo laboratorios y archivos en donde estaba
registrado el trabajo de 40 años de investigación, para argumentar que
nunca existió la institución y demandar la nulidad de la escritura de
donación; así consta en el juicio ordinario civil número 664/2012,
radicado en el Juzgado Décimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia de México, Distrito Federal”, declara la periodista
Concepción Villafuerte.
Agregando que “hoy bajo el pretexto de
que los terrenos del IMOTAC, serán las nuevas instalaciones de una
supuesta organización para indígenas, denominada Instituto de
Investigación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, A.C. que es
‘presidido’ por la señora Leticia Coello, se busca desmantelar el
IMOTAC. Las trampas de la madre del gobernador iniciaron, desde el
momento en que el juicio se llevó a cabo en la ciudad de México y
durante dos años, nadie notificó a Carmen Portillo, que estaba en
proceso el juicio de desalojo en su contra. Ella lo supo un día a
mediados del año pasado, cuando un conocido de ella, Hernán Pedrero
Villanueva bajo engaños, la llevó ante el Juez Guillermo Ramos, para
pretender que firmara un documento, en el cual constaba que ella,
aceptaba entregar el predio con todos los bienes a la supuesta
institución de Leticia Coello”.
“Leticia Coello se adjudicó el predio
donde se encuentra el IMOTAC, de manera tramposa, ejerciendo de forma
vil, el poder que tiene al ser la madre del gobernador Manuel Velasco
Coello”, declara Sánchez.
Por su parte Carmen Portillo asegura
“desde hace 11 años, tiempo que lleva mi fallecido mi esposo, por
convicción he continuado con el trabajo gratuito y altruista de
investigación y atención de personas con problemas oftálmicos, sin
percibir salario alguno, en pro de esta labor por la humanidad,
especialmente de las personas más vulnerables; el daño hacia mí es que
no siga ayudando a la gente que tanto lo necesita, sin el equipo
adecuado, destruido el día del despojo, fui agredida como mujer, también
tomando en cuenta mi edad, y la pérdida de mi libertad puesto que me
quedé secuestrada en mi propia casa”.
A contraposición de esto, el médico
Francisco Millán Velasco, albacea del IMOTAC, explicó que “el predio
donde su ubica el instituto, no desaparecerá, seguirá siendo de los
chiapanecos, por contrario se reforzará creando el Hospital de la Luz,
un centro médico con tecnología de punta que conservará el carácter de
centro de asistencia social”.
Asegurando que “el IMOTAC había
funcionado bajo la tutela de un médico encargado, pero desde su muerte,
hace unos 10 años, el Centro Oftalmológico perdió organización y se ha
deteriorado día con día, al grado de incumplir los requisitos descritos
en el Acta de Donación, que se refiere la necesidad de tener una
asamblea general, patronato, tesorero e información periódica”.
En una entrevista para una radiofusora
local, Millán Velasco negó que Leticia Coello tenga interés en obtener
el terreno, pues el acta de donación es clara cuando señala que es y
será un predio para el servicio de toda la población. Sin embargo afirmó
que, “los 31 mil metros cuadrados, deben tener un uso adecuado, por lo
que Leticia Coello, quien tiene el espíritu de la donación, está en la
mejor disposición, colaborando, tocando las puertas, para hacer un
hospital nuevo para San Cristóbal y traer a todos los especialistas”.
Además afirmó que “a la señora nunca se
le violaron sus derechos constitucionales, ni tampoco se le lastimó de
manera personal. Siguiendo las normas jurídicas, es que se hace el
desalojo, no un despojo”, esto aún cuando varios vecinos vieron el
operativo que se montó.
Sobre el tema, el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé́ de Las Casas, se pronunció aseverando que
“independientemente de la acción judicial, existió uso excesivo de la
fuerza pública, así́ como tratos crueles e inhumanos y degradantes por
elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas, así
como otros funcionarios municipales y judiciales que participaron en la
injerencia arbitraria del domicilio del IMOTAC, violando derechos
humanos de quienes estaban en el lugar, entre ellas mujeres y dos
personas de la tercera edad”.
Además señalaron que “un día después del
operativo, se presentó al domicilio de la Investigadora el Licenciado
Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) por tratarse de un ‘asunto relevante’, aunque
expresó que lo sucedido era una orden judicial y que ante eso la
Comisión no podía hacer nada. El Presidente de la CEDH sugirió a Carmen
Portillo que no realizara ningún tipo de acción y se abstuviera de hacer
uso de los medios de comunicación”.
“Resulta inadmisible que este tipo de
comportamientos, y a la par que el poder judicial use todo el peso de su
fuerza, para intentar un desalojo dañando a quienes han dedicado toda
una vida y todos sus recursos humanos, intelectuales y físicos, a
descubrimientos relevantes en el campo de la salud visual con los pocos
medios que tienen a su alcance y tengan como respuesta gubernamental un
trato de esta naturaleza”, añaden.
Y se exige “el respeto al derecho de
acceso a la justicia, a recursos efectivos, a que los jueces actúen de
manera imparcial e independiente y que en el caso se respeten las
garantías judiciales de Carmen Portillo, así como también, es
imprescindible se garantice su derecho a la protección frente al abuso
de poder”.
Villafuerte asegura que, “por medio del
pretexto que la Fundación que preside Leticia Coello, busca contribuir
con el IMOTAC, ella se ha apoderado del predio. Además de esto, Millán
Velasco se equivoca en sus declaraciones, ya que el albacea no tiene
facultades para llevar un juicio en contra de una donación que se hizo
hace 49 años, puesto que esos bienes ya no entraron en un testamento;
intenta confundir cuando dice que el juicio se llevó a cabo en la ciudad
de México, porque ahí se fundó el IMOTAC, pero en el terreno, objeto de
la controversia, se encuentra ubicado en esta ciudad y los documentos
están en el Registro Público de la Propiedad de este distrito judicial,
por lo que no compete a ninguna otra autoridad juzgar fuera de su
jurisdicción, por eso el juicio está viciado de origen”.
“Millán Velasco busca deslindar
a Leticia Coello del conflicto, porque se han enterado que existe un
medio de comunicación que está investigando el caso, por eso sacaron de
nuevo el tema que ya estaba guardado desde el mes de febrero” agrega
Villafuerte.
“Se conoce que Leticia Coello, gusta por
obtener propiedades, en los primeros 9 meses de la administración de
Manuel Velasco, se dedicó a comprar propiedades en ese municipio, pero
sobre todo en la zona Centro donde tiene mayor plusvalía. Hoy más de 31
mil metros cuadrados no podría dejar de desaprovecharlos, porque no es
por bondad que ha ‘tocado puertas’, para la consolidación de un hospital
de la luz, sin duda alguna, ese podría ser su próxima meta, crear un
elefante blanco, del cual obtenga donaciones, que diversas
organizaciones y sociedad civil aporte, como se maneja este tipo de
centros médicos oftalmológicos, nada más que lejos de ayudar al
necesitado, será su modus vivendi, y de llegarse a concretar, en
los siguientes años, al menos la simpatía por un plan como ese, podría
dar inicio a la obtención de fondos, que ayuden en la campaña política
de Velasco Coello, una especie de caja chica”, sentencia Sánchez.
“Leticia Coello se ha hecho nombrar
‘investigadora para el desarrollo de los pueblos indígenas’, cuando la
señora no tiene una participación mínimamente relevante en zonas
indígenas, es una farsante que nadie se atreve a denunciarla, por ser la
madre del gobernador y como todos los funcionarios conocen el control
que ella tiene sobre su hijo, a quien obedecen es a ella”, puntualiza
Villafuerte.
“El Instituto de Investigación y
Desarrollo de los pueblos indígenas, A.C. es una farsa de Leticia
Coello, no existen actividades del órgano, ni oficinas en San Cristóbal,
es necesario tener una dirección fiscal para que hubiera podido
demandar, siguiendo la lógica, esta institución fue creada con el único
propósito: servir como pantalla, para hacer creer que realmente se busca
crear un hospital y tener una figura demandante. Ya que la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es la única
encargada de las problemáticas indígenas, el ‘instituto’ de Leticia
Coello, fácilmente puede ser catalogado como ficticio”, afirma Sánchez.
Carmen Portillo, comenta que hoy tanto
en medios locales, como a través de amistades, la familia Velasco
asegura que Millán Velasco es el albacea del instituto oftalmológico
tropical, dando por hecho, que ya les pertenece el IMOTAC, “si quieren
el terreno que lo tomen, esperando sí hagan algo por la población,
porque quieren ganar tramposamente, ya que argumentaron que es una
institución abandonada, cuando los pacientes llegan a diario. El
gobierno del Estado habla de la protección de los adultos mayores, sin
embargo yo sufrí violencia desmedida por sus elementos, a mis 82 años”.
Al mismo tiempo aseguró, que debido a su
edad, quieren usar eso en su contra, argumentando que no toma
decisiones propias y se deja manipular, sin embargo, “yo mantengo mis
facultades mentales intactas y no soy víctima de nadie, excepto de una
familia que aprovechando el poder, me ataca de todas las maneras
posibles”.
Finalmente el Centro Frayba, ha
comentado que realizaron una investigación al Instituto de Investigación
y Desarrollo de los pueblos indígenas, A.C., el cual se dice preside
Leticia Coello, primeramente para corroborar su dirección, la cual en
los documentos que conforman la demanda, aparece con ubicación en Tuxtla
Gutiérrez, y después sus acciones, sin embargo, dicho órgano no
mantiene oficina alguna, en la dirección que se indic
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