Para Empezar quien puede confiar en un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
que se gasta más de 1 millón 500 mil pesos en cuatro estudios de opinión para valorar la percepción de los ciudadanos respecto de su actuar en el proceso electoral 2012.(Que caso tenía mandar hacer unos estudios de popularidad y a quien beneficiaría con esos contratos)
Los estudios, cuyo gasto individual asciende a 385 mil pesos, se planearon para marzo, junio, septiembre y diciembre, revela información oficial obtenida por Contralínea.
El TEPJF avaló la elección presidencial en medio de protestas ciudadanas que exigen la reposición del proceso y califican como un “fraude” la elección presidencial
Y para rematar pagos de gastos por 18 millones de pesos en servicios de limpieza mobiliario y jardinería (¿Que les pasa?estamos en México, estamos mal economicamente y estos tirando el dinero)
Sueldos :casi 1,237 millones de pesos........ ahí abajo chequen todos los gastos.
Outsourcing, en el Tribunal Electoral
En el primer trimestre de 2012, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación firmó 18 contratos que recurren a la figura del
outsourcing, a pesar de que las subcontrataciones están prohibidas en la
ley laboral. Se trata de los servicios de limpieza y de jardinería, que
involucran un gasto total más de 18 millones de pesos.
Tribunal Electoral teme opinión negativa de los ciudadanos
Fuente: contralinea.info
2. septiembre, 2012 Autor: Nancy Flores
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gasta más de 1 millón 500 mil pesos en cuatro estudios de opinión para valorar la percepción de los ciudadanos respecto de su actuar en el proceso electoral 2012. Los estudios, cuyo gasto individual asciende a 385 mil pesos, se planearon para marzo, junio, septiembre y diciembre, revela información oficial obtenida por Contralínea. El TEPJF avaló la elección presidencial en medio de protestas ciudadanas que exigen la reposición del proceso y califican como un “fraude” la elección presidencial
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La Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
gasta 1 millón 540 mil 108 pesos en cuatro estudios de opinión cuantitativos. El
objetivo: conocer la percepción de los ciudadanos respecto de su actuación en
las pasadas elecciones de julio, revela el Informe de seguimiento de
requisiciones 2012, obtenido por Contralínea.
De acuerdo con los datos oficiales de la Coordinación de Adquisiciones,
Servicios y Obra Pública, por cada análisis, el erario pagará 385 mil 27 pesos.
Los primeros dos estudios abarcaron el periodo preelectoral (marzo y junio de
2012) mientras que los dos últimos comprenderán un periodo poselectoral
(septiembre y diciembre).
En el caso del análisis de septiembre, éste se realizará en un contexto de
movilizaciones sociales que exigen al TEPJF ordenar la anulación de la elección presidencial. Los
argumentos de los inconformes: la presunta compra masiva de votos y los gastos
que excedieron el tope presupuestal. Irregularidades que el movimiento de las
“izquierdas”, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, atribuye en sus
alegatos a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de
México, y al candidato Enrique Peña Nieto.
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john ackerman
El fallo del Tribunal, sin embargo, avaló la “legalidad” de la
controvertida elección presidencial. Y es que antes de juzgar los elementos
presentados a las autoridades electorales, el propio magistrado presidente, José
Alejandro Luna Ramos, advirtió el 2 de julio pasado que “nadie ganará en la mesa
lo que no pudo ganar en las urnas”.
Así, el servidor público se adelantaba a la impugnación de la elección
presidencial hecha por López Obrador, candidato de la coalición Movimiento
Progresista.
Para el doctor John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, “las declaraciones de
Luna Ramos fueron una grave irresponsabilidad que, desde luego, resta
credibilidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
En entrevista, el experto en derecho electoral indica que “lo más grave es
que no fue un simple exabrupto de su parte, sino un reflejo fiel de la lógica
conservadora, minimalista y cómplice que predomina en el Tribunal
Electoral”.
El autor del libro Autenticidad y nulidad agrega que si el TEPJF
quiere recuperar “algo de prestigio”, tendría que transformar radicalmente su
manera de entender el derecho electoral y asumir sus facultades legales; una de
ellas, la anulación de las elecciones cuando las circunstancias así lo ameriten
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Temor en el Tribunal
Luego de dictaminar la “legalidad” de la elección presidencial, el 1 de
diciembre próximo se dará el cambio en el gobierno federal. En ese mismo mes, el
Tribunal Electoral evaluará la opinión que sobre su imagen tendrán los
ciudadanos.
El doctor John Ackerman indica que “estamos ante un escenario muy similar
al de 2006, cuando la falta de transparencia sobre la calidad del proceso
electoral generó muchos problemas de legitimidad para Felipe Calderón Hinojosa.
Solamente que en este caso la situación es peor, porque las acusaciones son más
graves y el movimiento social es más amplio”.
Y es que las “protestas antifraude” –encabezadas por el movimiento
estudiantil Yo Soy 132– han aglutinado a varios sectores inconformes con los
resultados del proceso electoral, al cual califican como “ilegal e ilegítimo”
por incurrir en delitos como la compra y coacción masiva de votos, los gastos
excesivos de campaña e incluso el financiamiento a través de esquemas de lavado de dinero .
Respecto de las manifestaciones de inconformidad, el 23 de julio pasado, el
magistrado Pedro Esteban Penagos López dijo que en la decisión del TEPJF “no
influyen las declaraciones que en un momento dado pudieran hacerse a nivel de
medios de comunicación; no influye como consecuencia, y esto lo digo con todo
respeto, marchas, manifestaciones, ¿por qué?, porque el sistema democrático en
México por voluntad del legislador quedó completamente arreglado”.
Sin embargo, al interior del Tribunal las protestas sí habrían generado temor y
es en esas circunstancias en las que se habrían contratado los cuatro estudios
de opinión. Como lo informó este semanario, los magistrados Luna Ramos, Penagos
López, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Constancio
Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar y Flavio Galván Rivera ordenaron
blindar sus instalaciones, en particular la Sala Superior (ubicada en la avenida
Carlota Armero 5000, Culhuacán CTM, Coyoacán), que es donde ellos sesionarán el
día en que avalen la elección presidencial.
El argumento que esgrimieron los siete árbitros electorales fue que
necesitaban garantizar su seguridad personal ante la violencia que asola al
país. Protección Institucional fue el área que se encargó de contratar los
servicios del blindaje, con un costo por alrededor de 300 mil pesos. A este
monto se le sumaron otros 38 mil pesos para “acorazar” la puerta, mecanismo que
resiste desde disparos de bazucas y hasta bombazos (Contralínea 292).
El blindaje también se extendió a los vehículos que les paga el erario a
los magistrados. Previo al proceso electoral de julio pasado, estos servidores
públicos se autorizaron camionetas blindadas modelo Gran Cherokee, con un valor
aproximado de 1 millón 500 mil pesos; ello, a pesar de que cada uno tiene ya a
su disposición dos automóviles que paga el erario del Tribunal Electoral,
incluida la gasolina, la reparación y el mantenimiento, como informó la columna
Oficio de papel , publicada el 25 de junio de 2012 en
Contralínea 290). Cada magistrado, incluso, recibió un bono por riesgo de
medio millón de pesos tres días antes de las elecciones presidenciales.
foto manifestacion
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Sistemas de seguridad
El Informe de seguimiento de requisiciones 2012 revela más gastos
del Tribunal Electoral en materia de seguridad. Uno de ellos es la compra de
cinco “equipos regionales para continuidad de operación de la seguridad
perimetral”.
Asiami, SA de CV, fue la empresa contratada para el “licenciamiento y
mantenimiento anual a equipos de seguridad perimetral”, y el costo ascendió a
607 mil 527 pesos.
A inicios de este año, el TEPJF también contrató a la empresa Sistemas de
Vigilancia y Seguridad Especializada por 755 mil 716 pesos, para el servicio de
“seguridad y vigilancia de las instalaciones”.
Otros convenios firmados en 2012 son para el mantenimiento de sus sistemas
de seguridad ya existentes. Entre éstos, dos signados con Controlsec, SA de CV,
para el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de rayos X y los arcos
detectores de metal. Uno de ellos por 125 mil 489 pesos, el otro por 302 mil
131.
También se cuenta la contratación de Marco Antonio Pale López para el
mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de control de acceso, por 49
mil 938 pesos.
Los automóviles y las camionetas de los magistrados no sólo cuentan con
blindaje, sino también con tecnología sofisticada para su localización. Este
año, el Tribunal ha firmado cuatro contratos con Car Mart Comunicaciones, SA de
CV, para el servicio de localización satelital y radiolocalización de vehículos.
Los costos ascendieron 227 mil 692 pesos en total: 109 mil 926 (localización
satelital); 103 mil 248 (radiolocalización), 8 mil 296 (satelital) y 6 mil 222
pesos (radiolocalización).
El próximo 6 de septiembre vence el límite para que el Tribunal Electoral
emita su fallo sobre la elección presidencial, y desde mediados de agosto
pasado, varios sectores sociales se declararon en alerta ante la “previsible
imposición de Peña Nieto”, en particular el movimiento estudiantil Yo Soy
132.
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